La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se elabore para el sector agroalimentario un protocolo de actuación “adecuado” y que sea “similar al del sector sanitario” para evitar “el riesgo” de un posible cierre de algunas empresas e industrias agroalimentarias de la Comunidad. Así lo declaró la presidenta de Vitartis, Beatriz Escudero, quien recordó al presidente del Ejecutivo autonómico el carácter “esencial” del sector en el actual estado de alarma.
Dado que se presta ese servicio “esencial” a la ciudadanía, Escudero transmitió en su carta al presidente de la Junta la preocupación del sector “por poder seguir manteniendo nuestra actividad con todas las garantías, conscientes de que de ello depende que sigan llegando los alimentos a toda la población y con el compromiso habitual del sector en seguridad alimentaria”.
El sector insistió en que para poder seguir trabajando “con seguridad” las empresas y actividades auxiliares tienen que estar “en condiciones” de preservar la salud de sus empleados mediante equipos de protección individual y test de detección rápida de la enfermedad, así como con un “protocolo propio” como sector de actividad esencial para así evitar la “repentina” disminución de la plantilla por las bajas masivas o la falta de materiales de protección.
A partir de la “experiencia” de las últimas semanas y por las informaciones que se reciben, Escudero se mostró convencida de que si no se cuenta con la seguridad jurídica necesaria que permita trabajar “en condiciones adecuadas” hay un riesgo “alto” de que se puedan cerrar empresas e industrias agroalimentarias de Castilla y León, con unas consecuencias económicas y sociales que no se podrían valorar en estos momentos.
Por otro lado, la presidenta de Vitartis expresó el malestar de los empresarios del sector con el Gobierno de la nación por el trato al tejido productivo en la gestión de esta crisis sanitaria. “Es justamente en estos momentos cuando se hace más necesario que las administraciones públicas se ocupen de las empresas y demuestren su confianza en los empresarios, en justa correspondencia con el sentido de la responsabilidad del sector, con su compromiso con la tierra, con el empleo, con la creación de riqueza y su apuesta por la sostenibilidad”, sentenció.