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El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León aseguró este lunes que generalizar la protección total del lobo ibérico, sin considerar el necesario equilibrio que de forma continua debe establecerse entre sus variaciones poblacionales y el impacto que ocasiona, es una medida “desacertada” que debería ser “reconsiderada”. No en vano, auguró un impacto “muy negativo” para el medio rural, en general, y para el sector ganadero extensivo y semi extensivo de la Comunidad, en particular.
El colectivo profesional consideró “urgente” contar con estudios científicos que orienten las actuaciones para compatibilizar la biodiversidad, que aporta el lobo, con la actividad ganadera extensiva, que preconiza el Pacto verde europeo. Y es que precisó que el cambio de estatus legal del lobo ibérico provocará un incremento en el número de daños a los ganaderos, principalmente de ovino y bovino.
Un comunicado del Consejo señaló que durante el año 2020, los ataques de lobos superaron los 2.500, de los que, más de 2.000 se produjeron al sur del Duero, donde la especie ya contaba con ese estatus de protección, mientras que, al norte, con una gestión sostenible basada en cupos apoyados en criterios científicos, los daños son mucho menores.
“Estos daños no solo generan un impacto directo en las ganaderías afectadas por la muerte de los animales por el lobo, sino otros indirectos vinculados al estrés post-traumático de los que sobreviven, que pueden suponer la aparición de enfermedades derivadas de la inmunosupresión provocada, así como problemas reproductivos vinculados a abortos, reducción en las tasas de fertilidad, y también pérdidas en la producción lechera o menores tasas de ganancia media diaria de peso”, añadió. Hasta el punto que los veterinarios prevén que el incremento de los ataques contribuirá al cierre de “numerosas” ganaderías en los próximos años, en un sector que es clave para el desarrollo rural sostenible y el mantenimiento de población en la España vaciada.
Es por ello que el Consejo autonómico de Colegios de Veterinarios apostó por evaluar el impacto de esta modificación, en la vertiente ambiental, social, económica y sanitaria. “Actualmente, la especie en España y Castilla y León se encuentra lejos de requerir una protección mayor de la que ya tiene en la actualidad, con estrictos planes de gestión basados en cupos que han demostrado ser capaces de conservar las mayores densidades de la especie por kilómetro de Europa y que están favoreciendo la recolonización de territorios donde no estaba presente desde hace varias décadas”, concluyó.
El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León aseguró que generalizar la protección total del lobo ibérico, sin considerar el necesario equilibrio que de forma continua debe establecerse entre sus variaciones poblacionales y el impacto que ocasiona, es una medida “desacertada” que debería ser “reconsiderada”. No en vano, auguró un impacto “muy negativo” para el medio rural, en general, y para el sector ganadero extensivo y semi extensivo de la Comunidad, en particular.
El colectivo profesional consideró “urgente” contar con estudios científicos que orienten las actuaciones para compatibilizar la biodiversidad, que aporta el lobo, con la actividad ganadera extensiva, que preconiza el Pacto verde europeo. Y es que precisó que el cambio de estatus legal del lobo ibérico provocará un incremento en el número de daños a los ganaderos, principalmente de ovino y bovino.
Un comunicado del Consejo señaló que durante el año 2020, los ataques de lobos superaron los 2.500, de los que, más de 2.000 se produjeron al sur del Duero, donde la especie ya contaba con ese estatus de protección, mientras que, al norte, con una gestión sostenible basada en cupos apoyados en criterios científicos, los daños son mucho menores.
“Estos daños no solo generan un impacto directo en las ganaderías afectadas por la muerte de los animales por el lobo, sino otros indirectos vinculados al estrés post-traumático de los que sobreviven, que pueden suponer la aparición de enfermedades derivadas de la inmunosupresión provocada, así como problemas reproductivos vinculados a abortos, reducción en las tasas de fertilidad, y también pérdidas en la producción lechera o menores tasas de ganancia media diaria de peso”, añadió. Hasta el punto que los veterinarios prevén que el incremento de los ataques contribuirá al cierre de “numerosas” ganaderías en los próximos años, en un sector que es clave para el desarrollo rural sostenible y el mantenimiento de población en la España vaciada.
Es por ello que el Consejo autonómico de Colegios de Veterinarios apostó por evaluar el impacto de esta modificación, en la vertiente ambiental, social, económica y sanitaria. “Actualmente, la especie en España y Castilla y León se encuentra lejos de requerir una protección mayor de la que ya tiene en la actualidad, con estrictos planes de gestión basados en cupos que han demostrado ser capaces de conservar las mayores densidades de la especie por kilómetro de Europa y que están favoreciendo la recolonización de territorios donde no estaba presente desde hace varias décadas”, concluyó.