Vecinos de Lillo y Otero se suman a la lucha de Sancedo contra las maniobras de empresas vinculadas a Victorino Alonso

Los vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes, junto con sus Juntas Vecinales, han decidido unirse a la lucha de los habitantes de Sancedo y Arganza para frenar el que consideran un nuevo expolio de sus terrenos a manos de empresas vinculadas al empresario Victorino Alonso. Estos pueblos denuncian que testaferros del conocido empresario minero están operando de manera fraudulenta para apropiarse ilícitamente de fincas, aprovechándose del silencio administrativo de la Junta de Castilla y León y las autoridades regionales.

En Lillo y Otero, los vecinos ya llevaron su denuncia al Defensor del Pueblo, siendo admitida a trámite, y han entregado a las empresas los documentos que acreditan la propiedad de sus fincas con la esperanza de frenar esta apropiación indebida. Ahora, se enfrentan a una situación similar los vecinos de Sancedo y Arganza, quienes han sido requeridos por estas empresas para demostrar su titularidad, a pesar de que sus terrenos figuran en el Catastro como de su propiedad.

Las empresas involucradas, como Geninvest o Comile, son catalogadas por los vecinos como “empresas fantasma” controladas por Victorino Alonso. Los denunciantes aseguran que, tras años de explotación del territorio berciano, el empresario busca beneficiarse nuevamente, esta vez mediante la instalación de macroparques fotovoltaicos en las tierras que se les prometió devolver restauradas tras 25 años de explotación.

Los vecinos afirman que siempre se les prometió la devolución automática de las fincas, completamente restauradas, tal como figuraba en los contratos originales. Sin embargo, esto no ha ocurrido, y denuncian que la Junta de Castilla y León no está actuando en defensa de los intereses de los pueblos, sino que sigue favoreciendo al empresario minero, quien, a pesar de haber sido condenado a cuatro años de prisión, ya disfruta del tercer grado y parece estar preparando un nuevo proyecto en la comarca.

Los afectados planean movilizarse nuevamente para exigir a la Junta de Castilla y León que obligue a las empresas vinculadas a Alonso a cumplir con los acuerdos firmados y que los terrenos sean devueltos tal como se pactó, antes de que se otorguen nuevos permisos para proyectos como los macroparques fotovoltaicos que, denuncian, solo traerán más expolio al territorio rural del Bierzo.

Este conflicto recuerda a la reciente manifestación en Ponferrada, donde miles de personas reclamaron que la energía generada en la comarca sea controlada por las comunidades locales y no por grandes empresas que buscan el beneficio a costa de los recursos públicos y el patrimonio de los vecinos.