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El exalcalde de Ponferrada y portavoz de Unidad Social de Electores (USE Bierzo), Samuel Folgueral, desmintió a la actual alcaldesa, la ‘popular’ Gloria Fernández Merayo, y aseguró que “es falso que tengamos que devolver esas percepciones” que el bipartito recibió como retribuciones por sus cargos como alcalde y concejales del anterior equipo de gobierno municipal. Así, puntualiza que la demanda fue interpuesta al Ayuntamiento de Ponferrada y que ni él ni sus compañeros son parte de ese proceso y que la sentencia en ningún momento alude a la devolución de las retribuciones.
Folgueral volvió a señala que actuaron que el aval de los informes de los técnicos municipales y que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estima “el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la convocatoria de la sesión plenaria extraordinaria y urgente del 30 de marzo de 2013 y contra los acuerdos adoptados en dicha sesión, autos todos ellos que anulo y dejo sin efecto por no ser ajustados al ordenamiento jurídico”.
“¿Aquí dice que fulanito de tal tiene que devolver las percepciones o que fulanita de tal tenga que devolver su sudor y su trabajo?”, planteó con ironía Folgueral, que manifestó su extrañeza por que la alcaldesa, siendo una profesional de la abogacía, “desconozca que uno no se pueda extralimitar en la ejecución de la sentencia” cuando a alude a la devolución de esos 500.000 euros que serán reclamados de forma individual a cada uno de los afectados.
A ese respecto, recalcó que es “absolutamente falso” que, por el momento, nadie les haya reclamado de forma individual la devolución de las retribuciones. Algo que, por otro lado, Folgueral entiende que sería “pasar de lo administrativo a lo judicial” y abrir un nuevo proceso, ya que “no es lo que dice la sentencia”. En este sentido, entiende que corresponde una “ejecución impropia” que pasaría por la mera publicidad de la sentencia, avalada por jurisprudencia del Tribunal Supremo y ante la imposibilidad anular todas las consecuencias que derivaron de esa irregularidad administrativa en la convocatoria del pleno.
Folgueral entiende que el objetivo de Fernández Merayo es “enmarañar” esta situación y prolongarla en el tiempo, ya que podía haberla ejecutado en el periodo voluntario antes del 15 de septiembre, “en otro intento de manchar nuestra imagen pública”. “Falso que nosotros tengamos que devolver esas percepciones y allá cada cual con los procesos que quiera emprender porque, insisto, las cañas se volverán lanzas”, recalcó.
“A personas que han venido a la vida pública a trabajar por los demás, a general beneficio para el municipio, a trabajar denodadamente, con aciertos y errores, no se le puede indicar esta consecuencia malintencionada. Un profesional del Derecho que dice eso sólo lo puede decir porque desconoce su profesión o porque lo dice de manera maliciosa, o por maldad o por desconocimiento, cada uno que juzgue lo que estime oportuno”, apostilló.