El Ayuntamiento de Ponferrada, obligado a reincorporar al arquitecto municipal, al que jubiló contra su voluntad

V.R.O. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la sentencia del Contencioso-Administrativo de León de fecha del 24 de septiembre de 2014 que anula el decreto de la Alcaldía de Ponferrada que denegó solicitud de prórroga del arquitecto municipal, Pablo Uriarte, para continuar en su puesto hasta los 70 años.

Aunque pone de relieve que a otros trabajadores en su misma situación “sí se les concedió la prórroga”, Uriarte no ha entrado a valorar su ‘jubilación forzosa’ ni las circunstancias que la rodearon. Eso sí, espera que el Ayuntamiento cumpla el fallo y pueda reincorporarse cuanto antes.

Una vez que la sentencia es firme -más allá del TSJCyL no se puede apelar-, el Ayuntamiento tendrá un plazo de dos meses para readmitir al arquitecto. Pasado ese plazo, si éste no ha tenido noticias, podrá reclamar su incorporación.

Desde hace años, la Ley de la Función Pública establece que la Administración debe aceptar las prórrogas de ampliación de la vida laboral que soliciten los funcionarios que cumplen 65 años, salvo que haya una razón que demuestre que no están capacitados para trabajar.

La Administración no sólo deberá readmitir al trabajador si lo reclama. Tendrá que hacer frente a una indemnización correspondiente a la cuantía económica que el funcionario ha dejado de percibir durante el tiempo que ha estado jubilado.