Un Juzgado de Ponferrada ordena el embargo de las cuentas corrientes de Ceiss

EBD El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ponferrada ha dictado una orden de embargo del dinero que Caja España (Banco Ceiss) tenga  en sus cuentas corrientes de su titularidad. La resolución viene provocada por el  “impago de las costas e intereses derivados de una sentencia firme que había anulado obligaciones subordinadas”, según ha informado el despacho de abogados Laudo.

El despacho matiza que “queda embargado todo el dinero que tenga Caja España en cuentas corrientes de su titularidad en todas las entidades financieras adheridas al servicio regulado en el convenio de colaboración de las entidades financieras españolas con el Consejo General del Poder Judicial y que son la gran mayoría de las entidades bancarias de nuestro país”. La  orden de embargo fue notificada el pasado 2 de mayo. Según Laudo, la única forma en que Caja España puede levantar este embargo es pagando lo debido, hecho que todavía no ha ocurrido”.

Laudo añade que “en caso de mantenerse el impago, el embargo podría extenderse a otros bienes de Caja España”. El despacho ha pedido otras ejecuciones de este tipo contra Caja España, si bien, todavía se   se están tramitando.  Otra de ellas tuvo como consecuencia que el pasado 10 de abril el Juzgado de Primera Instancia número 7  dictara “que en el plazo de diez días consignara en la cuenta de dicho Juzgado las cantidades reclamadas en la ejecución”. El despacho sostiene que “esos diez días ya han transcurrido sin que la entidad bancaria haya pagado la cantidad debida, por lo que es previsible que por este motivo en los próximos días se decrete un nuevo embargo contra los bienes de Banco Ceiss”. Los abogados se quejan de la “tendencia a resistirse a cumplir las resoluciones judiciales” de Banco Ceiss. Considera que eso supone un “claro perjuicio para los legítimos derechos de los afectados” y recuerdan que, estas manera, Ceiss va contra “sus propios intereses y los de sus nuevos propietarios, los accionistas de Unicaja, puesto que, al provocar la ejecución de las resoluciones judiciales, la entidad financiera tendrá que hacer frente a mayores intereses y asumir nuevas costas judiciales”.