Un grupo formado por más de 60 personas será juzgado por estafar dinero a los bancos con préstamos falsos

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid cierra la instrucción y encausa a 62 personas, integrantes de un grupo criminal dedicado a obtener dinero de entidades bancarias que finalmente no devolvían. Para ello, falsificaban documentos que simulaban otros verdaderos para cumplir las condiciones exigidas, según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Además, el juez pide la busca y personación de otras nueve personas y deja libre a otras cinco. Con el auto dictado ahora, que aprecia indicios por delitos de falsedad, estafa y pertenencia a organización criminal, se da traslado a las partes para que digan si abre juicio oral, si es necesario practicar más diligencias o si procede el archivo.

El auto indica que se realizaban estudios previos en diversas entidades crediticias, de modo que averiguados los requisitos que exigían, se confeccionaban los documentos falsos, se seleccionaba a las personas que luego aceptaban colaborar de modo activo, y se solicitaban los préstamos.

Otras personas se dedicaban a realizar ingresos que simularan ser procedentes de nóminas de los trabajos inexistentes, para engañar a los empleados bancarios. Entre el noviembre de 2014 y diciembre de 2016 la cantidad defraudada fue de 522.490,53 euros.

El caso se inició a partir de una denuncia inicial, recibida por la Fiscalía en el año 2015. A partir de entonces, el Cuerpo Nacional de Policía inició una investigación policial para rastrear las cuentas bancarias, transferencias y otras operaciones del grupo presuntamente criminal. En la fase de instrucción, se encontraron indicios sobre la existente de un posible entramado para delinquir y que en el momento de la actuación policial trataba de ocultar los bienes y el patrimonio acumulado.

Finalmente, con este auto, las partes personadas pueden comunicar en diez días su posición sobre el archivo o continuación del proceso. También pueden impugnar el auto mediante interposición de un recurso de reforma y subsidiario de apelación, dentro de los tres días siguientes a la notificación, o recurso de apelación directo en un plazo de cinco días.