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Castilla y León es la cuarta comunidad con mayor riesgo de mortalidad debido a las emisiones de carbón, con una tasa de incidencia de 2,76 por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Cantabria, cuya tasa es de 3,28 por cada 100.000 habitantes, de Galicia (3,48) y Asturias (8,37), que es la región más afectada. Así lo desvela el informe ‘Un oscuro panorama: las secuelas del carbón’ del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) sobre los impactos de las emisiones de las centrales térmicas de carbón en la salud de los españoles.
De este informe se desprende también que las probabilidades de fallecer debido a este problema de un habitante de Castilla y León en 2016 fueron un 3,6 veces más altas que las de un habitante de Baleares o 4,9 veces más elevadas que las de un habitante de Madrid, que fue la comunidad que registró la concentración más baja de partículas PM2.5.
En España, la principal fuente de contaminación atmosférica se encuentra en la quema de combustibles fósiles por los sectores energético, del transporte y de la industria, que emiten contaminantes como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, o las partículas, todos ellos con efectos muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente, y entre estos combustibles fósiles el más contaminante es el carbón.
Las minas de carbón llevan cerradas desde finales de 2018, y en el último año la producción de electricidad con este combustible ha bajado a mínimos históricos, sin que la seguridad de suministro se viese afectada. No obstante, y teniendo en cuenta que muchas centrales de carbón echarán el cierre antes de julio 2020, es fundamental asegurarse de que la capacidad de carbón se sustituye por energías renovables y no por otros combustibles fósiles, que acabarían igualmente generando graves impactos sobre la salud y el medio ambiente.
Las emisiones del carbón en toda España en 2016 se pueden relacionar, ente otros, con 560 muertes prematuras y 340 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Además, el estudio señala la estrecha relación entre las emisiones de carbón y sus impactos mediante el análisis comparativo. Entre 2015 y 2016 se redujo en un 30 por ciento la producción de energía del carbón, que se asoció con una disminución del 40,5 por iento en los impactos sobre la salud asociados.
El estudio también desvela las elevadas pérdidas económicas asociadas a los impactos sobre la salud de la quema del carbón, que en 2016 alcanzaron entre 686 y 1.308 millones de euros. Estos costes se pueden asociar a gastos sanitarios y a la reducción de productividad derivada del absentismo laboral: 122.131 días de trabajo perdidos y 520.153 días de actividad restringida cuando una persona no puede desarrollar su actividad habitual por problemas de salud.
Otro dato que recoge el informe son los graves efectos en la salud de los niños asociados a las emisiones del carbón, al contabilizar 7.419 episodios de asma y 784 casos de bronquitis. Además de ello, el informe insta a los responsables políticos a acelerar y autorizar los procesos de cierre de centrales previstos para antes de julio de 2020.
De la misma manera, señala diferentes recomendaciones y medidas, como la necesidad de tomar como pauta los valores guía de la OMS para la calidad del aire, más estrictos que los de la Unión Europea, la urgencia de facilitar información en tiempo real de las emisiones del carbón, y la necesidad de que las empresas propietarias de las centrales ofrezcan suficientes garantías sobre sus proveedores de carbón importado, cuyas prácticas deben respetar los derechos humanos en las zonas de extracción.