UGT exigirá “compromisos palpables” con el futuro de los excedentes mineros en la reunión de la mesa del carbón

Los representantes de UGT FICA acudirán este jueves a la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo marco para la transición justa de la minería del carbón para el periodo 2019-2027 con la intención de exigir “compromisos palpables” para solucionar el futuro de los excedentes mineros inscritos en la bolsa de empleo. Los responsables del sindicato dieron de plazo al Gobierno hasta el próximo 20 de octubre para solucionar “de manera inexcusable” cuestiones relativas a las prestaciones que pueden recibir estos trabajadores y anunciaron que, en caso contrario, solicitarán la comparecencia en la comisión de seguimiento de las ministras de Trabajo y de Transición Ecológica, ambas firmantes del acuerdo.

En el último encuentro de la comisión, celebrado el pasado mes de julio, UGT ya reclamó al Instituto para la Transición Justa (ITJ) la puesta en marcha de un plan urgente de restauración medioambiental que incorpore a estos trabajadores, que llevan más de 21 meses a la espera. “Los trabajadores no pueden ser los damnificados de la falta de coordinación entre las distintas administraciones, ni de los retrasos que están sufriendo las actuaciones del plan urgente, que ya deberían estar ya en marcha”, señalaron.

En ese sentido, los responsables sindicales recordaron que el próximo 31 de diciembre los excedentes mineros que no se hayan acogido al plan social cumplirán los 24 meses del ERE y podrían quedar sin cobertura por desempleo. El sindicato reclamó a las administraciones “que se pongan de acuerdo para dar ocupación real a los más de 312 trabajadores inscritos en la bolsa de empleo”. En caso contrario, UGT exige que se firme un acuerdo que especifique la fórmula concreta para prorrogar la cobertura social de estos trabajadores hasta la fecha en que sean incorporados a un nuevo empleo.

Paralelamente, el sindicato anunció que estudiará las medidas legales pertinentes para que no se repitan “situaciones graves y bochornosas” relacionadas con los activos mineros en liquidación. Según UGT, estos procesos “pueden desembocar en pujas tipo subasta en sede judicial, por valor de seis euros”, lo que impide que se paguen las deudas que aún existen con los antiguos trabajadores de estas explotaciones.