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Fitag-UGT emitió hoy un comunicado en el que lamenta que tres años después de la celebración de la llama Marcha Negra del Carbón el Gobierno siga sin aportar soluciones a los problemas del sector. “Así se desprende de las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien tras la intervención del de la Junta, Juan Vicente Herrera reclamando una solución para el sector, declaró que no era un tema fácil y que lo heredó del anterior Gobierno”, señala el sindicato.
“Ambas afirmaciones son rotundamente falsas, pues la solución es sencilla y el problema no es heredado sino creado por el actual Ministro de Industria y su secretario de Estado de Energía”, replica UGT antes de recordar que el actual Gobierno heredó el sector con un mecanismo de compra de carbón (el RD 134/2010 vigente hasta 31-12-2014) y un plan de cierre ordenado y paulatino, que preveía una suave retirada de las ayudas a la producción desde los aproximadamente 300 millones de euros en 2011 hasta su supresión definitiva en 2019, con un margen razonable tanto para realizar los ajustes que implicaba alcanzar la competitividad de las empresas, como para modificar las condiciones de la Decisión en lo relativo a devolver las Ayudas para aquellas que lograsen este objetivo.
Siendo exigible por la decisión comunitaria heredada, argumentan, una reducción del 25 por ciento para 2013, aplicó un 63 por ciento en 2012 y un 80 por ciento en 2013 y además el Gobierno no pagó las ayudas a las dos principales empresas productoras de España (Uminsa y Coto Minero Cantábrico), por “una resolución injusta que causó la insolvencia y concurso de acreedores de ambas y que está siendo revocada por los tribunales de justicia, lo que podrá resarcir a los accionistas y acreedores de las mismas, pero no a sus trabajadores ni a las comarcas mineras en las que operan”.
Más de 2.000 empleos se perdieron en las empresas auxiliares de Uminsa (Unión Minera del Norte) y CMC (Coto Minero Cantábrico) (ahora Compañía Minera Astur Leonesa, CMAL) en los meses posteriores a dicha resolución denegatoria de sus ayudas, reprochan desde el sindicato. También esa decisión de reducir las ayudas, incumpliendo el plan de cierre que el anterior Gobierno en primera instancia y el actual -en febrero de 2012- habían notificado a las autoridades comunitarias, se ha llevado por delante, añaden, a Alto Bierzo y a Carbones San Isidro y María.
Este Gobierno, y no el anterior, recuerdan, modificó las condiciones bajo las cuales operaba el Real Decreto de restricciones hasta su llegada, introduciendo un nuevo coste en el sistema, que fue el Impuesto Especial de Electricidad (IEE), pero no reconociendo este coste en las liquidaciones económicas que preveía la norma. La decisión acentuó la resistencia de las compañías eléctricas a cumplir con el mecanismo con fatales resultados para las empresas Hullera Vasco Leonesa y Carbonífera del Ebreo, a las que se les han cerrado las puertas de la centrales térmicas “con la total pasividad del Gobierno en un mecanismo que tenía carácter obligatorio”.
Este Gobierno, y no el anterior, insisten, firmó en octubre de 2013 con las empresas y los sindicatos mineros un nuevo Marco de Actuación para la Minería del Carbón, en el cual se comprometió por una parte a incentivar las inversiones en desnitrificación para las centrales térmicas que consumiesen carbón nacional y, por otra, a crear un hueco térmico dentro del sistema eléctrico que garantizase su consumo. El actual ministro de Industria y su secretario de Estado, no los anteriores, dejaron que llegase el 31 de diciembre de 2014 sin hacer nada al respecto, cuando ya se sabía que en dicha fecha acababa la vigencia del Real Decreto de restricciones.
Sobre el mecanismo de apoyo a las compañías eléctricas para sus inversiones, lo menos que se puede decir a juicio de UGT es que llega con un año de retraso “si es que llega a ver la luz, y sobre la creación del hueco térmico, que se niegan tenazmente a dar ni un solo paso, a pesar de estar en su mano la exención fiscal del IEE, que desde hace meses se viene solicitando”. La exención fiscal del IEE para el carbón nacional, está en la mano del Gobierno y se puede hacer de forma rápida, afirman. No precisa de autorización comunitaria, se ha aplicado en otros casos y permite sin ningún género de dudas crear el hueco térmico para que se compre y se queme el carbón nacional.
En un alarde de insolencia, apuntan, el Ministerio de Industria trata de derivar la responsabilidad de su diseño a otros,o se escuda en cuestiones formales cada vez más inconsistentes y en un pretendido rechazo de Europa al carbón, mientras Alemania produjo 180 Millones de toneladas en 2014 y España poco más de tres. Se aduce también que esta medida va contra el déficit de tarifa a pesar de que su coste no llegaría a los 40 millones al año y al mismo tiempo se destinan 4.000 para otras energías autóctonas.
“Está claro por tanto que el problema no es heredado, sino creado por el actual Gobierno, y la solución sencilla y rápida pero bloqueada por también por él. Llevamos desde 2012 viendo cómo pasan los días y las empresas matrices cierran o entran en concursal o van a Expedientes de Regulación y ya no digamos de las subcontratas, muchas de ellas desaparecidas”, critican antes de reivindicar que el Gobierno “ponga en marcha de una vez el hueco térmico acordado, negocie con las compañías eléctricas la venta de carbón y plasme en el BOE el mecanismo que permita a las centrales eléctricas quemar el carbón autóctono según la normativa europea y a las empresas mineras venderlo, todo esto acompañado de la exención del céntimo verde”.