UGT denuncia la privatización de servicios dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

La Federación de Servicios Públicos de UGT denunció este miércoles la privatización de servicios dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y ha solicitado a la Junta de Castilla y León explicaciones sobre contrataciones que estaría haciendo ese departamento a través de Clece, una compañía que forma parte del Grupo ACS.

Según explican, se está contratando a profesionales a través de Clece para acoger a menores que se encuentran en situación de desamparo temporal como consecuencia de hospitalizaciones por coronavirus. “No se ha informado a la parte social, ni se ha tenido ningún diálogo con las organizaciones sindicales. ¿Qué criterio se ha seguido para asignarlo a esta empresa y no a otra?”, cuestionan.

En ese sentido, en un comunicado recogido por Ical denuncian que “la Junta de Castilla y León cede sus centros públicos para que una empresa privada obtenga beneficios privados, que se obtienen simplemente por la selección de personal”. “La situación de alarma ha dado a la Administración una enorme flexibilidad en la contratación; por lo tanto, no pueden alegar la urgencia en contratación para externalizar servicios. Se podría haber contratado directamente y ahorrar el sobrecoste del intermediario”, esgrimen.

Madrugadores y comedores escolares

Por otra parte, denuncian que Senior tenía la concesión del programa Madrugadores y de los Comedores Escolares, mientras que los trabajadores de Madrugadores están desde el día 14 de marzo, sin cobrar su nómina y la empresa está tratando de tramitar un ERTE. Ante ello, lamentan que la actuación de la Junta de Castilla y León frente a estos “comportamientos irregulares” de las empresas privadas es “darles aun más contratos y sin ninguna transparencia”.

“Desde UGT no podemos entender que la actuación de la Administración de Castilla y León sea apoyar a empresas con unos criterios éticos de actuación tan dudosos. Por no mencionar el deber de la Administración de garantizar los derechos de los trabajadores en las subcontratas dependientes directamente de ella”, apuntan.