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El que fuera responsable autonómico de FITAG-UGT, Manuel López, cree que la situación actual que vive el grupo Alonso, que ayer mismo anunciaba que si no llegan las ayudas en julio podría entrar en concurso de acreedores, es consecuencia de las políticas del Gobierno, unas políticas abocadas a la desaparición y al cierre. “Hemos dicho que es la muerte de la minería con la política que planteó el PP ya en el año 2012 y esto desgraciadamente se está reflejando en la realidad de que las empresas tienen que entrar en concurso de acreedores”, aseguró.
En ese sentido considera que incluso la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “podría estar en su pensamiento el ataque directo a un grupo empresarial como es el caso de Victorino Alonso”, aunque cree también que ahora al empresario se le ha acabado el chantaje ante las administraciones de los últimos años con el tema del empleo. “Este grupo empresarial lleva recogiendo todo lo que ha sembrado en los últimos años, el chantaje permanente ante las administraciones, ante los pueblos y ante todo el mundo con el tema del empleo. Ahora, como a este gobierno el empleo no le importa, el chantaje se le ha acabado y por lo tanto en ese sentido estamos en una absoluta deriva”.
Por ello, asegura si el Gobierno continúa con estas políticas el problema ya no es que el grupo Alonso tenga que realizar un ajuste de plantilla hasta 2018, donde se podrían perder otros 300 empleos, sino que se podrían ir a la calle 1.500 trabajadores, lo que supondría la desaparición de esta empresa.
Manuel López entiende que lo que se necesita es un cambio radical de política y apostar por la minería de interior, “que es lo que realmente genera el mayor volumen de empleo y de riqueza”, por lo que cree que tanto la Junta como los ayuntamientos deber replantearse “si es posible seguir explotando cielos abiertos, sacando los recursos de los pueblos, con muy poca mano de obra y esquilmando los yacimientos”.