TUP

Es cierto que las actuales condiciones contractuales entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la empresa adjudicataria del servicio urbano de autobuses no son las mejores. De hecho, se inspiran en una línea de gobierno que ya nada tiene que ver con la situación actual. Ni Ponferrada tendrá los 100.000 habitantes soñados, ni el matrimonio “forzado” de la UTE puede contar con los mismos protagonistas jurídicos, pues uno de ellos ha desaparecido ya del Registro Mercantil. La economía ponferradina está en “caja de resistencia”, utilizando un símil sindical, y el pliego de condiciones donde los ponferradinos pagamos los déficits que se acumulen es, a todas luces, intolerable.

Pero no queda ahí la cosa. No nos olvidemos que en esta ciudad ha ejercido un gobierno posterior, el denominado Bipartito, que ha prorrogado este servicio a la empresa UTE concesionaria, con lo que el problema ha seguido sin resolver, añadiendo, para más inri, el impago a tal sociedad con lo que ninguna de las partes: ciudadanos, Corporación y la propia empresa pueden estar contentos.

El TUP tuvo una empresa que siempre llevó el servicio con diligencia y prudencia. Una empresa familiar que, de acuerdo, podría resultar pequeña y algo constreñida a los tiempos de la fiebre del desarrollo que la urbe sufrió. Pero nadie dice aunque todos lo saben, hubo presión por introducir a otra gran empresa en la explotación de ese servicio. Y lo que era algo controlado y acorde se volvió santo y seña de los servicios públicos municipales. Intercambiador incluido y modernos buses butanitos circulando por calles y carreteras del municipio. Alguien se lo llevó crudo, pues siendo de fuera “del sector”, ni arriesgó, ni tuvo que romperse la cabeza en crear un servicio de tal medida que dejaba muy atrás a la demanda solicitada.

Han pasado ya muchos años. Demasiados. El gobierno actual, de nuevo hereda una patata caliente sin resolver. Debe dinero a la empresa adjudicataria, se da un servicio que hay que volver a redimensionar y la cuestión se complica aún más cuando los partidos de izquierdas en la Corporación claman por la municipalización.

Hace muchos, muchísimos años que ha quedado demostrado en las democracias liberales europeas, la gran mayoría de nuestros vecinos y socios, que el modelo público no puede incrementarse más. El Estado, en sus diversas categorías, no da más de sí. No todo puede ser público. Ese modelo feliz ya se probó en el orbe socialista y comunista con ingrato resultado.

La historia y la experiencia demuestran que la Administración tiene que ser juez y garante del buen servicio, pero que tal acción debe estar en manos privadas porque resulta siempre más barato para los ciudadanos en una economía de mercado, que es la que tenemos, donde la oferta va paralela a la demanda y a cuantas más sociedades privadas existan más movimiento de capital y creación de riqueza para toda la sociedad, incluso más impuestos para alimentar al Estado que garantice servicios básicos como Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Querer crear ahora una división de funcionarios de la rama del autobús urbano, cuando sabemos que una vez obtenidas las consabidas plazas la rentabilidad de los trabajadores cae en picado es querer retroceder en la historia y en las formas de llevar el Ayuntamiento. Lo que tiene que quedar meridianamente claro es que el pliego de concesión futura no puede estar redactado como un traje a la medida de un todopoderoso empresario, no. Libre concurrencia y el que mejor servicio preste al menor precio posible…sea.