Suárez-Quiñones reclama al Gobierno “sensatez” para regular el lobo

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, instó al Gobierno central a reconsiderar la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). El responsable regional defendió que el Ejecutivo “está acorralado por los datos y la realidad” tras la decisión del Comité Permanente del Convenio de Berna de flexibilizar la protección del lobo, lo que obliga a la Comisión Europea a adaptar esta normativa.

Suárez-Quiñones calificó de “aberración” la protección del lobo por razones culturales mientras se contabilizan en Castilla y León 5.500 ataques anuales a la ganadería, un sector clave para la economía rural. Rechazó que esta medida del Gobierno sea sostenible, ya que afecta tanto a la conservación del lobo como a la supervivencia de la ganadería semiextensiva.

El consejero destacó que el último censo de lobos en España muestra un aumento del 12 % en las manadas, pasando de 297 a 333 entre 2012 y 2022. En Castilla y León, la subida fue del 8 % en términos generales, pero alcanzó el 30 % al sur del Duero, donde el Ejecutivo autonómico no puede gestionar la especie debido a la normativa estatal. “No hay justificación para mantener esta protección estricta que perjudica a la ganadería y no garantiza la conservación del lobo”, argumentó.

Impacto económico y social

Durante el primer semestre de 2024, los daños provocados por lobos en Castilla y León alcanzaron los 2,5 millones de euros en compensaciones, una cifra que podría llegar a los cuatro millones a final de año. El consejero recordó que, antes de la protección estatal, las indemnizaciones por daños apenas superaban los 500.000 euros anuales. Sin embargo, lamentó que estas ayudas no solucionan el impacto psicológico y social que sufren los ganaderos, que ven cómo su ganado es atacado y viven con la incertidumbre diaria.

Criticó también al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por incumplir el compromiso de destinar 20 millones de euros anuales a medidas preventivas para proteger al ganado, y señaló que estas ayudas solo se abonaron el primer año. “Los ganaderos no quieren compensaciones, quieren conservar su ganado y seguir con su actividad”, afirmó Suárez-Quiñones.

Revisión de la normativa europea

El consejero apuntó que el Gobierno deberá remitir en 2025 a la Unión Europea un informe sobre el estado de conservación del lobo, basado en censos autonómicos que evidencian su expansión. Según Suárez-Quiñones, este análisis desmontará la postura del Ejecutivo central, que en 2019 aseguró que el lobo estaba en situación de “conservación desfavorable”.

Finalmente, instó a restaurar el equilibrio entre la protección del lobo y la ganadería extensiva, una gestión que, según afirmó, las comunidades autónomas como Castilla y León llevaron a cabo durante décadas antes de que el Gobierno asumiera el control en 2021. “No se trata de elegir entre el lobo o la ganadería, sino de gestionar ambas de forma equilibrada y sostenible”, concluyó.