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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, instó hoy a “cumplir y hacer cumplir” el secreto de las actuaciones en la fase de instrucción, que recordó establece el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, frente a las filtraciones que consideró se producen de forma habitual en España y, también, en los dos procesos abiertos en juzgados de Valladolid sobre las autorizaciones de parques eólicos y la adquisición de los terrenos de Portillo y el edificio de Arroyo de la Encomienda.
“Las actuaciones de instrucción son secretas”, sentenció Suárez-Quiñones en ‘Los desayunos de Ical’ y recalcó que la ley no lo establece por “capricho u oscurantismo”, sino de acuerdo a una Constitución, que precisó recoge que los juicio, no la fase de instrucción, sean públicos. El consejero, vinculado a la judicatura, explicó que en la investigación previa cada persona “tiene incólume sus derechos, los de sus familiares y los de quien está a su alrededor”.
“No es muy respetuoso con los derechos de las personas investigadas, es constante las filtraciones de las actuaciones judiciales, incumpliendo el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y alguien tendría que responder de todo eso, pero lo cierto es que parece que determinados derechos constitucionales son de segunda”, sostuvo el dirigente leonés, que fue juez decano durante casi una década en su provincia y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León durante cinco años.
Aunque a su juicio está “mal visto” en términos políticos, defendió el secreto de las investigaciones judiciales previas y consideró no es necesario legislar, sino cumplir la norma, ya que hizo hincapié en que la vulneración de este deber por parte de las personas que intervienen en el proceso -funcionarios, colaboradores de la administración de justicia, abogados o procuradores o cualquier otra persona- supone una infracción legal, por lo que consideró que los que tienen que hacerla cumplir deben “hacer su trabajo”.
Según Suárez-Quiñones, que ingresó en la carrera judicial hace 30 años, explicó que se está generando un problema de calidad democrática, ya que representa en su opinión una falta de respeto a derechos constitucionales y a determinadas personas investigadas en procesos judiciales. Como ejemplo recordó el archivo de un proceso judicial contra un alcalde de Castilla y León –el ‘popular’ Alfonso Centeno, regidor de Olmedo (Valladolid)-, para el que recordó que se pedían las “penas del infierno” y que fuera apartado de la vida pública, “con el correspondiente mancillamiento de su vida personal”, si bien la justicia decidió no abrir juicio contra él.
Acción de gobierno
Igualmente, el consejero de Fomento aseguró que las dos investigaciones judiciales en marcha no afectan “en absoluto” a la labor del Gobierno autonómico, si bien admitió que no es “muy agradable” el debate generado, que a su juicio se utiliza para “sobreactuar” y tratar de sacar “rendimiento político” hasta la “extenuación”.
“Nuestra acción de gobierno está totalmente al margen de este ruido, entiendo que la imagen de este gobierno está al margen de ese ruido”, dijo al tiempo que recordó que los procedimientos se centran en “hechos ajenos” a este gabinete, que recordó trabaja con “absoluta normalidad”, la misma “ilusión” y “unión” y con las mismas “ganas del primer día”, dijo. “No nos afecta en nada, nos preocupa que haya ese ambiente porque no es bueno para la Comunidad”, agregó.
También aseguró que no está interfiriendo en el día a día del Ejecutivo autonómico, que su presidente, Juan Vicente Herrera, ya no presida el PP de Castilla y León, una responsabilidad que asumió el salmantino Alfonso Fernández Mañueco hace unos tres meses. Señaló que ambos mantienen una buena relación, como el resto de los miembros del Gobierno, que recalcó mantienen también contactos con los dirigentes del partido que ocupan un escaño en las Cortes.
El consejero auguró que el próximo curso político, que arrancará en septiembre, será “interesante” debido a que el “trabajo intenso” de estos dos primeros años del mandato comienza a dar sus frutos “ahora”, con obras en marcha en las diferentes áreas. Destacó el proyecto de ley de Transportes, las iniciativas de medio natural o de vivienda, con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos de legislatura del presidente de la Junta.
Nación “única”
Por otra parte, el titular de Fomento defendió que España es una nación “única” e “indisoluble”, como recalcó recoge la Constitución en el preámbulo, por lo que rechazó el concepto de plurinacionalidad que incorporó el PSOE durante su último congreso federal de junio, en el que Pedro Sánchez regresó a la Secretaría General, tras estar apartado durante ocho meses de los mandos del partido. “Dice lo que dice”, recalcó Suárez-Quiñones, quien explicó que señaló que también la soberanía nacional es “única”.
“Aquí puede venir quien quiera a dar lecciones, de lecturas, de interpretaciones, componendas, deformaciones, pero la Constitución dice lo que dice y no hay más vuelta de hoja”, sentenció al tiempo que explicó que la Carta Magna habla de las “nacionalidades” o “regiones”, pero como otra “realidad jurídico-política distinta”. “Eso es lo que es. Cualquiera puede venir con cualquier tipo de invento, pero lo que dice la Constitución está claro para un jurista y para incluso cualquier ciudadano”, apostilló.
Finalmente, recordó que esta Constitución ha dado paso a un periodo de progreso y que señaló ha sido “envidiada”, si bien ahora parece “denostada”. También destacó la elevada descentralización y autonomía que ofrece a los territorios. “Que se quiere cambiar esta realidad, pero primero habrá que preguntarle a los ciudadanos, porque a mí me da que los ciudadanos no están a eso. La preocupación de los ciudadanos es el empleo, la sanidad y la mejora de los servicios públicos”, concluyó.