Sólo una de cada cuatro empresas de Castilla y León analiza las necesidades formativas de sus trabajadores aunque el 75% ofrece cursos

La formación continua de los trabajadores constituye un aspecto clave para impulsar la competitividad empresarial, para adaptar las competencias profesionales de las plantillas a los nuevos retos productivos y tecnológicos. Sin embargo, sólo una de cada cuatro empresas de la Comunidad reconoce que analiza las necesidades formativas de sus empleados y eso a pesar de que tres de cada cuatro afirma que les proporciona cursos.

La Encuesta Anual Laboral correspondiente a 2015 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, publicada recientemente, precisa que el 74,9 por ciento de las empresas afirmó que sí impartía formación a sus empleados, frente al 25,1 por ciento, que no lo hacía. Entre las empresas comprometidas con la preparación de sus trabajadores, el 59,9 por ciento indicó que impartía cursos y otros tipos de formación; un 30,7 por ciento, sólo cursos; y un 9,4 por ciento, sólo otros tipos de preparación.

Sin embargo, el informe recalca que sólo el 26,3 por ciento de las empresas (impartieran o no formación), detectó las necesidades formativas de sus empleados; frente al 73,7 por ciento que no lo hizo. Entre las que si lo hicieron, el 98,7 por ciento proporcionó formación; mientras entre las que no las detectaron, sólo lo hizo el 66,4 por ciento.

Fuentes de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) destacaron, en declaraciones a Ical, que es “fundamental” la formación para el empleo tanto para las empresas como para los trabajadores, ya que “es indudable que influye de forma muy positiva en la competitividad”.

En relación a los datos de la encuesta gubernamental, indicaron que se debe tener en cuenta que el acceso de los trabajadores a la formación para el empleo no sólo se puede realizar a la demanda, programada por las propias empresas, sino que también los empleados pueden acceder a través de la oferta de centros. Concretamente, expusieron que en el año 2015 se programaron 869 acciones formativas para un total de 12.805 alumnos.

Por otra parte, recordaron que en el año 2015 se produjo el cambio de la normativa reguladora de la formación para el empleo, que supone “un sistema de formación de demanda demasiado complejo para las pequeñas y medianas empresas que forman el tejido productivo de la región”. Es por ello que, para un mejor acceso a dicha formación, “el sistema debería ser más ágil y sencillo, además de aportar una mayor información tanto de los beneficios que puede aportar la formación como de la forma de gestionar la misma”.

Negociación colectiva y asociacionismo 

El estudio de campo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se involucra también en la negociación colectiva y expone que el 77,5 por ciento de las empresas que no cuentan con convenio propio, lo justifican en que el acuerdo sectorial se adecua a sus necesidades. Asimismo, el 12,8 por ciento, achaca la ausencia de un convenio de empresa en que falta representación legal de los trabajadores; un 5,4 por ciento, por desconocimiento del procedimiento; y un 1,1 por ciento, por la negativa de los representantes de los empleados.

Las empresas con convenio colectivo de Castilla y León, destacan en el 58,9 por ciento de los casos, que el acuerdo al que están acogidos se adapta bastante a sus necesidades; y un 21,6 por ciento, mucho. Frente a estos porcentajes, un 15,6 por ciento indica que se ajusta poco a sus necesidades; y un 3,9 por ciento, nada.

Ademas, la encuesta analiza el grado de asociacionismo empresarial en Castilla y León, y constata que el 68,1 por ciento de las empresas no estaban asociadas a ninguna organización patronal; frente al 31,9 por ciento que sí.

Flexibilidad

Por otra parte, el ministerio que dirige Fátima Báñez expone que las empresas de Castilla y León que tienen que acometer medidas de flexibilidad interna optan en su mayor parte por modificaciones en la jornada laboral y en el tipo de contrato en función de ésta frente a la acomodación salarial o la movilidad funcional y geográfica.

El documento indica que el 9,1 por ciento de las empresas de la Comunidad aplicaron medidas de flexibilidad en la jornada laboral; y un 8,9 por ciento, cambios en contratos; frente a un dos por ciento que actuó sobre el sistema de remuneraciones y la cuantía salarial; y un 1,2 y 0,9 por ciento que apostaron por la movilidad funcional y laboral, respectivamente.

En concreto, el dos por ciento de las empresas de la Comunidad, acudieron a la suspensión de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; y el 1,3 por ciento a reducciones de jornada, ambas a través de expedientes de regulación. Por el contrario, un 1,5 por ciento aprobaron medidas de ampliación de la jornada; y un 0,9 por ciento para su distribución irregular. En cuanto a la contratación, un 5,7 por ciento apostó por la sustitución o trasformación de puestos a tiempo parcial a completo; y un 4,3 por ciento, de ocupación completa a parcial.

Por lo que respecta a las actuaciones sobre remuneraciones, el estudio recogido por Ical, indica que un 1,6 por ciento de las empresas, decidió modificar los salarios por debajo de lo acordado inicialmente; y un 0,9 por ciento la supresión o disminución de conceptos extrasalariales.

En cuanto a las empresas que no aplicar medidas internas de flexibilidad, el 80,6 por ciento indicó que no tuvo necesidad; un 9,7 por ciento reconoció que la empresa optó por despidos; y un 6,9 por ciento por no renovar contratos temporales. Además, únicamente un 0,2 por ciento reconoció que iba a introducir medidas de flexibilidad interna en el 2016.

Competencias importantes

Preguntadas por las competencias importantes para el desarrollo de la empresa en los próximos años, un 51,5 por ciento se refirió al trabajo en equipo; un 50,2 por ciento apuntó también a la atención al público y los clientes; y un 46,8 por ciento, a la dirección.

Asimismo, el 28,1 por ciento destacó la necesidad de resolución de problemas (localización de fallos, análisis de sus causas y búsqueda de soluciones); un 21,7 por ciento, a técnicas específicas del puestos de trabajo; y un 201, por ciento a administrativas de oficina.

En menor porcentaje, las empresas consultadas también consideraron importante para su desarrollo en un 8,9 por ciento, competencias generales de tecnologías de la información; y un 6,5 por ciento profesionales de las TIC. Además, un 6,4 por ciento apuntó a las lenguas extranjeras; y un 2,1 por ciento a conocimientos básicos de cálculo o comunicación oral y escrita.

Reacción frente a la demanda

La encuesta del Gobierno analiza la respuesta que tendrían las empresas frente a un hipotético aumento de la demanda y refleja que el 46,9 por ciento la afrontaría mediante la contratación de nuevo personal temporal; frente a un 38,1 por ciento que asumiría más trabajadores fijos. Asimismo, un 10,1 por ciento indica que elevaría el número de horas total trabajadas; y un 4,6 por ciento que se decantaría por elevar las subcontrataciones a otras empresas.

En el extremo opuesto, frente a un descenso de la demanda, el 66,2 por ciento apunta a que reduciría los costes no laborales; y un 56,1 por ciento, los laborales. Asimismo, un 35,7 por ciento rebajaría los precios; y un 31,3 por ciento, reduciría su producción.

La encuesta precisa que entre los que reducirían los costes laborales para hacer frente a una bajada de la demanda, el 55,4 por ciento rebajaría el número de trabajadores con contrato temporal; y un 14,7 por ciento, a los fijos. Asimismo, un 15,5 por ciento bajaría el número de horas y los salarios; un 7,4 por ciento la parte variable de las retribuciones; un 1,5 por ciento, la parte fija; y un 1,8 por ciento otros costes.

Contratación

Por otra parte, en materia de ayuda a la contratación, la encuesta refleja que el 87,1 por ciento de las empresas, no contaba con personal con contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores. En este sentido, el 31,4 por ciento lo justificó en que no realizó contrataciones indefinidas; y un 24,7 por ciento, en que no empleó a nadie. Un 28,6 por ciento dijo que ese contrato no se adaptaba a las necesidades de la empresa; un 8,2 por ciento lo rechazó por las condiciones a cumplir; y un 5,5 por ciento, por desconocimiento.

En cuanto a los contratos de formación, el 88 por ciento indicó que no contaba con personal en esa situación. Al respecto, el 57,9 por ciento aseguró que esa modalidad no se ajustaba a las necesidades de la empresa; y un 23,6 por ciento, que no efectuó contrataciones. Además, un 9,1 por ciento apuntó a dificultades para cumplir los requisitos; y un 7,2 por ciento, a desconocimiento.