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El senador del Partido Popular por León Antonio Silván ha explicado una moción presentada en el Senado para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Un planteamiento presentado a instancias del senador leonés y de sus compañeros Antonio Román, Francisco Bernabé y Pedro Rollán.
El transporte a la demanda ha significado un hito en el transporte público regular de viajeros iniciado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, siendo la primera que lo implantó con carácter sistémico en 2004, y que supuso, además, un alto nivel de desarrollo técnico, operativo y tecnológico, así como una gran aceptación social y una extensa cobertura territorial, que abarca a más de 3.100 localidades.
Un modelo de transporte al que se sumaron otras comunidades como las de Madrid, Murcia, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, entre otras, lo que demuestra un alto y contrastado nivel de implantación y de eficacia social, económica y medioambiental.
Tiene reconocimiento legislativo en la mayoría de las leyes autonómicas de transporte y es un referente en España en cuanto a la aplicación de medidas eficaces en zonas de escasa demanda o difícil cobertura, en las que no se justifica, ni social ni económicamente, un sistema convencional de transporte regular.
El transporte a la demanda es un sistema de gestión de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, mediante el cual su prestación efectiva se hace depender de una solicitud previa del usuario/viajero. Permite que los servicios se programen y se presten previa petición del viajero que interactúa con la Administración y el operador a través de medios telefónicos o telemáticos.
Silván ha explicado que la situación de emergencia generada por la aparición del coronavirus covid-19 “exige la adopción de medidas excepcionales que concilien la seguridad y la protección de la salud con el derecho a la movilidad mínima, que debe ser garantizado, prioritariamente, a través del sistema público de transporte para asegurar el acceso a los servicios básicos y esenciales del Estado del bienestar. La reducción de la oferta de servicios de transporte y las restricciones a la ocupación de los vehículos, llevada a cabo por la normativa de crisis, ha hecho caer la demanda en más de un 90% en el conjunto del territorio nacional. Esta coyuntura extraordinaria aconseja adoptar medidas complementarias de gestión de transporte público que refuercen la protección de la salud y la seguridad de las personas con el mayor grado de eficiencia posible”.
Este servicio fue concebido específicamente para prestar el servicio público de transporte en zonas y franjas horarias de baja demanda, reducir costes de explotación e interactuar con los viajeros, en el marco de los contratos de concesión de servicios públicos de transporte por carretera. “Por tanto, ahora, aprovechando algunas de sus ventajas operativas y funcionales, puede ser un instrumento muy útil para incrementar los niveles de seguridad y protección de la salud de las personas. Bastaría con aplicar un modelo abreviado y simplificado de este sistema de gestión y coordinar su implantación a nivel nacional”, ha dicho.