Un mes antes de su dimisión, el entonces alcalde de Cacabelos Junior Rodríguez, firmó una providencia ordenando la ejecución de una sentencia dictada en 2017 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León que obliga a cinco exconcejales del equipo que gobernó el ayuntamiento entre 2015 y 2019 a devolver más de 110.000 euros. También se reclama la parte correspondiente a las cotizaciones a la Seguridad Social, con lo que el montante total ascendería 191.000 euros.
La incoación del expediente de reintegro de ingresos indebidos se basa en dos informes de Secretaría emitidos en septiembre y octubre de 2022, en cumplimiento de la resolución judicial que anula un acuerdo plenario del 27 de julio de 2016 por el que se aprobó la modificación del régimen de dedicaciones exclusivas de algunos concejales.
En concreto, los ediles de aquella corporación a los que afecta la sentencia son cinco: Claudia Vega y Antonio Puerto, ambos del PSOE, Santiago Eníquez y María de Carmen González, de Socialistas por Cacabelos, y Susana Vila (Izquierda Unida). En concreto, a Vega se le reclama el reintegro de 32.666 euros; a Puerto, 11.62; a Carmen González, 17.519; a Enríquez, 20.197; y 32.283 a Vila.
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