Rafael Catalá: “La supresión de los partidos judiciales genera más dificultades y problemas que ventajas en Castilla y León”

Rafael Catalá (Madrid, 1961) recibe al equipo de Ical en el mismo despacho que hasta hace dos meses ocupaba Alberto Ruiz-Gallardón, el mismo que habitaron los sucesivos ministros de Justicia desde el siglo XIX. Una estancia presidida por retrato al óleo del burgalés Alonso Martínez; el gran legislador y político español, considerado como el padre del Código Civil de 1889. Con apenas un año por delante para impulsar los principales proyectos de su departamento, Rafael Catalá aclara algunas de las incertidumbres sobre la Administración de la Justicia en Castilla y León: no habrá supresión de partidos judiciales porque hacerlo genera más problemas que ventajas; las sedes del TSJ se quedan donde están y no van a desdoblarse en Valladolid y en esta ciudad la Ciudad de la Justicia sigue en marcha. Junto a estas cuestiones relacionadas con la Comunidad, el ministro expresa su voluntad de que el próximo año sea también intenso en las reformas que impulsará: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el nuevo Código Penal, la rectificación de la Ley de Tasas y la modificación parcial de la Ley del Aborto son sólo algunos de ellos. Y, además, tendrá que pilotar desde el Ministerio la respuesta ante la evolución del desafío independentista de Artur Mas y hacerlo con la fuerza de la ley. En este sentido, ha demostrado con su actuación ante el 9-N que es un hombre moderado, prudente y de pocos aspavientos.

Sólo le queda un año y mucho trabajo por culminar

Es verdad que a esta legislatura sólo le queda un año pero es tiempo más que suficiente para abordar proyectos de reforma importantes. Lo que estamos haciendo en esta etapa inicial es mantener reuniones con todos los colectivos para identificar el estado actual de situación y proponer nuestros proyectos. Queda un año de legislatura pero no pretendemos en este tiempo finalizar todos los proyectos si no poner en marcha algunos. Por ejemplo, los relacionados con las nuevas tecnologías o las reformas de organización, no son proyectos que culminan en un tiempo corto sino que se trata de orientar el proyecto hacia una dirección.

¿Qué ocurre con la Ciudad de la Justicia de Valladolid? ¿Va a seguir adelante ese proyecto?

El proyecto de la Ciudad de Justicia en Valladolid va a seguir adelante, aunque es verdad que con las limitaciones presupuestarias propias de unas cuentas públicas austeras y de consolidación del gasto. En todo caso estimamos que vamos a tener esa Ciudad de la Justicia de más de 13.000 metros cuadrados con un presupuesto estimado en torno a 37 millones de euros. El proyecto sigue vivo, hemos presentado una enmienda a los Presupuestos de 2015 para poder trabajar en él y en el momento que tengamos presupuesto suficiente para ello abordar las obras. Pero como proyecto y como concepto, seguimos adelante con esa Ciudad de la Justicia en Valladolid.

¿Y la Ley de Demarcación? El Gobierno anunció hace casi dos años una modificación de esta ley que contemplaba la eliminación de numerosos partidos judiciales en Castilla y León. ¿Se ha aparcado por completo este proyecto?

En el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aparecían muchas cuestiones como modificar el modelo territorial de la Justicia, superando el modelo tradicional del partido judicial y llevándolo a una demarcación provincial. En este momento consideramos que ese sistema genera más dificultades y problemas que ventajas y por eso vamos a excluir esas cuestiones de la reforma de la Ley Orgánica porque sabemos que habían generado mucha inquietud en muchas comunidades autónomas y en particular en Castilla y León

Respecto a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ¿seguirá en Burgos o se abrirán nuevas salas en Valladolid?

En este momento no tenemos ningún proyecto para reformar la estructuración de la Justicia en Castilla y León, por lo tanto las sedes están donde están y las salas están donde están y, en principio, va seguir así. Nosotros permanentemente revisamos las cargas de trabajo, la creación posible de alguna sección adicional o de alguna sala descentralizada si fuese el caso, pero en este momento las estadísticas judiciales no indican que se requiera ninguna otra creación de nuevas salas en Valladolid.

La mayoría de los juzgados de lo Social y lo Contencioso de Castilla y León están prácticamente colapsados. ¿Está prevista la creación de nuevos juzgados en la Comunidad?

Acabamos de crear 282 nuevas plazas y buena parte de ellas asociadas con órganos colegiados con las Salas que usted menciona de lo Civil o de lo Social en distintas provincias, y en Castilla y León se han asignado varias de estas plazas. Hemos atendido las prioridades más inmediatas, las que tienen una mayor sobrecarga. Seguiremos en el año 2015 y sucesivos creando plazas; este año como decía 282 y el próximo año están previstas 100 nuevas plazas de jueces y fiscales en la oferta de empleo público en la ley de presupuestos. Esto es un proceso continuo en el que vamos ajustando la planta judicial a las demandas y a la carga de trabajo.

El presidente del TSJ de Castilla y León, en la apertura del año judicial, mostró su “gran desolación por una Justicia más del siglo XX que del siglo XXI. ¿Qué le parece?

Si lo que está poniendo de manifiesto el presidente del TSJ es la necesidad de reformas, estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho estamos trabajando en reformas procesales y organizativas, en más plazas, y en la incorporación de nuevas tecnologías como herramienta cotidiana de trabajo de los jueces, fiscales y abogados. Eso que hemos incorporado cada uno a nuestra vida particular y profesional, en la Justicia no es tan habitual todavía. Por lo tanto, todo ese conjunto de reformas están presentes en nuestro proyecto y estoy seguro que el presidente del TSJ de Castilla y León los conoce. Lo que creo que ponía de manifiesto con sus palabras es una voluntad de cambio, de mejora, en el que todos estamos comprometidos.

La ley enjuiciamiento criminal se presenta como una de las patas de la regeneración democrática, según el Gobierno. ¿Qué objetivos busca?

En primer lugar agilizar nuestro sistema de justicia penal. Vamos a modificar las reglas para que las ‘macrocausas’, que duran años y que los ciudadanos perciben como una justicia lenta y de peor calidad, se instruyan en un tiempo más corto, para que finalicen en meses y no en años como hasta ahora. Básicamente lo que vamos hacer es modificar la regla de conexidad que significa que cada delito generará una causa propia sin necesidad de conectarlas todas por diversos delitos. En segundo lugar vamos a facilitar que los jueces se puedan dedicar a los asuntos más complejos eliminando de la tramitación judicial, por ejemplo, las faltas sin autor conocido porque eso es un tema de gestión meramente administrativa. También vamos a implantar un nuevo sistema procesal, un juicio ágil y sencillo para los delitos, por ejemplo, de conducción en estado de embriaguez; todo orientado a que los jueces destinen su tiempo las causas más complejas. Además, vamos a regular las técnicas de investigación, la interceptación de comunicaciones, las grabaciones, una serie de medidas que necesitan los jueces de instrucción para hacer bien su trabajo y que hasta ahora no tenían soporte legal.

Precisamente la interceptación de las comunicaciones sin orden judicial, por vía administrativa durante las primeras 24 horas, es uno de los aspectos que más se ha criticado del Anteproyecto de Ley que aprobaron la semana pasada en el Consejo de Ministros

En la actualidad tenemos una ausencia legislativa absoluta que está provocando en ocasiones que se anulen pruebas que son muy importantes en el proceso penal. Lo que hemos presentado es una regulación detallada en la línea de lo que existe en los países de nuestro entorno, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, que regula en el siglo XXI sistemas de grabación, de interceptación, de intervención en ordenadores o sistemas de información; y todo esto que puede parecer una intervención en la esfera de los derechos de la persona siempre con autorización judicial y siempre para delitos especialmente graves, como los de bandas organizadas o terrorismo. Ese es el sistema general y todo sometido a principios de proporcionalidad, de equidad y de adecuación.

Sí, pero en algunos casos se podrá hacer sin orden judicial

Se ha puesto el foco en una medida singular que es la posibilidad de que en casos de extraordinaria urgencia para delitos especialmente graves y sólo durante 24 horas se pueda acordar alguna medida de interceptación por parte del ministro del Interior. Eso existe ya en la actualidad; hoy, para delitos de terrorismo, tenemos esa posibilidad y está en nuestra legislación vigente. La única novedad es que lo ampliamos algunos delitos más, delitos que afecten a menores, cometidos por tramas organizadas y delitos especialmente graves.

¿Está absolutamente cerrado o puede haber algún cambio en su tramitación parlamentaria?

Estamos dispuestos a revisar el detalle de la técnica normativa y, por supuesto, a atender el informe que puede emitir la fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Y también en el trámite parlamentario se podrán tomar en consideración las propuestas de otros grupos parlamentarios porque creemos que esta ley debería contar con el apoyo mayoritario de los grupos políticos.

Otro asunto polémico de esta ley es la limitación de la instrucción de sumarios a 6 meses para las causas simples y 18 meses en las complejas que, además se podrán ampliar hasta los 36 meses, es decir tres años. Si al final un sumario tarda en cerrarse tres años, ¿no es un mensaje de cara a la galería la supuesta agilización de los procesos?

No sólo es el tiempo de instrucción; la ley incluye un conjunto de medidas que facilitan la agilización de los trámites. La regla de conexidad, las faltas sin autor conocido…Estamos abordando un paquete de medidas, no son piezas sueltas. En ese contexto es donde aparece el establecimiento de plazos máximos para la instrucción. Pensamos que razonable que el sistema judicial tenga plazos de referencia, como los tienen los ciudadanos. Dicho eso, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de que esos plazos puedan ser ampliados cuando se justifique adecuadamente.

La reforma del Código Penal es otro de los proyectos de su ministerio que se han propuesto concluir antes de que acabe la Legislatura. Pero lleva meses estancado en el Congreso

El Grupo Popular que tiene mayoría absoluta en el congreso y en el Senado ha pretendido abordar algunas reformas desde la voluntad de consenso y buscando el apoyo de otros grupos. Llegados a esta altura de la legislatura y ante la constatación de que ese acuerdo no es posible, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han hecho un ejercicio de responsabilidad para proceder a la aprobación final del proyecto. En este momento nos encontramos debatiendo en la ponencia de la Comisión de Justicia las casi 900 enmiendas del Congreso; eso nos permitirá llevar al Senado el proyecto de código penal en el mes de febrero y, por tanto, su aprobación hacia el mes de junio

¿Qué ocurrirá con otra promesa electoral como fue la prisión permanente revisable?

En el proyecto de ley que hemos presentado está la institución de la prisión permanente revisable y nuestra voluntad es mantenerla. Vamos a plantear a los grupos parlamentarios la posibilidad de negociar cómo se lleva a cabo esa revisión de la pena perpetua. Pero el PP lo llevaba en su programa electoral y creemos que es plenamente compatible con nuestro marco constitucional y con nuestro derecho penal, y así nos lo han dicho los informes que se han emitido por el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado y el CGPJ.

Y qué pasa con la financiación ilegal de los partidos políticos. Se ha reformado la ley en varias ocasiones pero se han seguido viendo presuntos casos. ¿Esta es la definitiva?

La nueva ley da una serie de pasos adelante para garantizar la transparencia en las cuentas de los partidos políticos, la seguridad en cuanto al origen de los fondos de los que disponen y la rendición de cuentas mediante la auditoría y la supervisión anual. Ya no se va a hacer una simple rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas sino que habrá una auditoría periódica, presentación pública de las cuentas y prohibición de donaciones por parte de personas jurídicas; habrá un sistema de contabilidad transparente. En esta materia hemos aprendido todos de las experiencias pasadas.

Hablemos del Caso Nòos y, en concreto, de la infanta Cristina. Sus abogados piden ya que se le aplique la ‘Doctrina Botín’ para evitar el banquillo ¿Cree que los ciudadanos lo entienden?

Quizás si no lo entiende tenemos todos, medios de comunicación y responsables políticos, la responsabilidad de explicar bien cuáles son nuestras reglas, cuál es nuestro Código Penal. Éste es uno de esos asuntos que han estado tan sometidos al escrutinio público que ha habido ya una serie de presunciones de culpabilidad que a mí me preocupan en todos los casos, y no sólo en este. A lo mejor es que nunca debió existir esa presunción, a lo mejor es que estamos anticipando culpabilidades que hacen un daño importante a la reputación de las personas.

Sí, pero el juez no piensa lo mismo

Creo que es una de las grandezas que tiene el mundo del Derecho, que es interpretable. En todo caso, el juez lo que tiene que hacer es analizar las acusaciones que se formulan y cuando no hay acusación ni por la Fiscalía ni por la Abogacía del Estado y no hay perjudicado difícilmente puede llegarse a presunciones de culpabilidad.

El CGPJ ha sacado la plaza del juez Pablo Ruz a concurso lo que implica que permanecerá en la Audiencia Nacional hasta marzo con la posibilidad de continuar un tiempo más si lo pide. ¿Cree que dispondrá de tiempo para terminar los procesos que tiene abiertos?

El juez Ruz ya dictó un auto hace unos días finalizando, y elevando a juicio oral, una de las piezas de instrucción que tiene y sigue con la instrucción del resto de los asuntos. Creo que decisión que ha tomado el CGPJ en el sentido de convocar la plaza está dentro de las reglas normales de provisión de puestos de trabajo de la carrera judicial, máxime cuando el acuerdo de la comisión permanente lo que hace es garantizar que hasta que se incorpore el nuevo titular el juez Ruz seguirá desempeñando ese puesto e incluso hipotéticamente podrá quedar adscrito al juzgado si las circunstancias lo aconsejan. Lo que no es normal es que los destinos estén cubiertos provisionalmente ‘sine die’, eso es lo que no es normal. El juez Ruz está haciendo un buen trabajo, complejo y de calidad, y estoy seguro de que tendrá el tiempo necesario para poder finalizar la instrucción de los asuntos que ahora mismo tiene asignados al juzgado que no solamente son los que tienen que ver con Gürtel y Bárcenas sino algún otro más.

En los últimos días se ha producido un repunte en los casos de violencia de género. La mayor parte de las mujeres que habían denunciado tenían una valoración policial de “riesgo bajo”, es decir, las denuncias no han servido

Tiene toda la razón. Hay al año unos ocho millones de asuntos en los tribunales y acabamos hablando de diez o de quince como si sólo eso fuese la justicia. Me parece que la justicia tiene que abordar con mayor intensidad de lo que se hace en la actualidad los casos de violencia de género porque hoy todavía, finalizando el año 2014, tenemos 50 mujeres asesinadas de manera absolutamente reprobable y rechazable en la sociedad actual.

¿Y cómo se hace eso? Porque lo cierto es que el sistema ha fallado en muchas ocasiones

Es cierto, el sistema ha fallado porque no se ha cumplido el alejamiento, porque en ocasiones hay temas sociológicos muy complejos en los que las propias víctimas perdonan, entre comillas, a su maltratador y consienten la vuelta a la convivencia con funestas consecuencias. Tenemos que aprender de todo lo que está pasando, reforzar la prevención, las medidas educativas, los cauces de denuncia, fortalecer la defensa desde el Código Penal y también un más eficaz funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el cumplimiento de las medidas de alejamiento y no convivencia.

Su llegada al Ministerio de Justicia se produjo, como es sabido, tras la renuncia de Gallardón por la paralización de la ley del aborto. Muchos votantes del PP se han sentido decepcionados. ¿Para cuándo una reforma de la ley del aborto?

Ya hay una primera reforma en materia de consentimiento de los padres para menores de 16 años. El Consejo de Estado ha dictaminado el proyecto de ley que le remitió el ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y por lo tanto espero que en las próximas semanas llegue al Consejo de Ministros. En segundo lugar, hemos anunciado y presentaremos también al Consejo de Ministros en las próximas semanas un Plan de Ayuda a las Familias. Lo que queremos es crear un conjunto de condiciones que permitan que cuando una mujer tenga que tomar una decisión tan importante y tan tremenda en su vida como es la de practicar o no un aborto, los aspectos económicos, laborales, sociales, no sean un factor determinante.

¿Y una nueva ley está descartada?

Cuando el presidente del Gobierno anunció la retirada del proyecto de ley del aborto también dijo que íbamos a seguir buscando el acuerdo con los partidos políticos para poder dotarnos de una reforma de la ley del aborto que se parezca más a la legislación anterior a la del año 2010 que a la que en el año 2010 aprobó el PSOE sin contar con el PP. Es decir, que ese objetivo final de reformar la ley del aborto no lo hemos abandonado.

Pero ¿entiende que una parte de los votantes del PP se sientan decepcionados con ustedes por este asunto?

Bueno, yo entiendo que ese proyecto de ley había generado para algunos una perspectiva de que esa era la dirección adecuada de la reforma, pero el presidente del Gobierno puso de manifiesto que ante la falta de consenso con los principales partidos prefería trabajar en estas otras medidas y acercando la ley del aborto a las posiciones del partido Popular pero quizás por otro camino.

La oposición reclama la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley vigente. ¿Qué va a pasar?

Quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad fue el Grupo Popular de la anterior legislatura. Algunos informes jurídicos dicen que el Grupo Parlamentario actual no podría retirar el recurso porque tiene otra personalidad jurídica diferente. Ahí hay un debate jurídico interesante. En cualquier caso, el PP considera que el recurso tenía todo el fundamento y todo el sentido.

¿Le parece razonable que el Tribunal Constitucional lleve cuatro años para decidir sobre este recurso?

Es verdad que el Tribunal Constitucional a lo largo de su historia cuando ha tenido grandes asuntos, grandes temas políticos, institucionales o sociales, los tiempos han sido en ocasiones largos. Pero en todo caso me consta que hay nombrado ya ponente, que hay trabajos muy desarrollados y avanzados. Tendremos que esperar a ver cuál es la solución final. Entiendo que cuando había un proyecto de ley determinado quizás el Tribunal podía valorar que por vía legislativa se iba a corregir la situación; en este momento tendrá que tomar las decisiones que correspondan sobre el recurso en los tiempos que genere un trabajo tan importante como este.

Una parte de sus votantes tampoco está demasiado contentos con la política del Gobierno respecto a los presos de ETA. Ahora mismo el descontento es mayor tras la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de liberar a dos etarras a los que aplicaron una reducción de sus condenas tras contabilizar los años de prisión cumplidos en Francia. ¿Qué opinión le merece esta decisión?

Entendiendo perfectamente la sorpresa, la crítica y el disgusto de muchos ciudadanos que ven como terroristas condenados a muchos años de cárcel pueden salir a la calle por decisión de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que además es contraria al criterio de la Sección Segunda. Confiamos en que el Tribunal Supremo, en los próximos días, fije un criterio compartido, un criterio común; y esperamos que ese criterio sea más cercano a la interpretación de la Sala Segunda que de la Primera y eso permita volver a situar en sus justos términos el cumplimiento de las condenas en España.

En la Ley de Tasas, usted se ha manifestado a favor de una revisión de otro de los proyectos de Gallardón que más críticas ha suscitado

Me he comprometido a revisar el sistema actual de la Ley de Tasas porque muchos profesionales critican que las tasas actuales, en sus cuantías y en su objeto, están produciendo algún efecto negativo indeseable como que haya personas que no accedan a su derecho a la justicia por motivos económicos. Estamos trabajando con el compromiso de garantizar que eso no suceda nunca, bien porque las cuantías de las tasas se revisen o bien porque la asistencia jurídica gratuita llegue a todos aquellos que lo necesiten. Estamos hablando con los profesionales y también con el Consejo General del Poder Judicial para, con toda esa información, hacer un buen diagnóstico y llevar a cabo las reformas que garanticen que tenemos un sistema de tasas equilibrado y que en ningún caso impide o limita el acceso a la justicia. Con toda seguridad se hará en esta Legislatura.

Son palabras suyas que es “partidario de ajustes de la Constitución para reconocer la singularidad catalana”. ¿De qué ajustes se trata? ¿Su postura es cercana a la del líder del PSOE?

Me resulta difícil contestar a eso porque no conozco cuál es la postura del líder del PSOE. El señor Sánchez ha hablado de la conveniencia de reformar la Constitución pero todavía no sabemos en qué consiste su propuesta. No sabemos si quiere hablar del modelo territorial del Estado, si quiere hablar del Senado, de la sucesión a la Corona, he incluso del modelo de Estado. Nos encontramos con una indefinición absoluta por parte del PSOE y lo que decimos es que convertir en un eslogan la reforma de la Constitución es un poco irresponsable. En todo caso, esa frase que usted me atribuye es cierta y responde a unas declaraciones mías de hace algunos meses. Si en este momento se considera que sería necesaria la reforma de la Constitución para abordar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la disposición de Cataluña en el ámbito territorial o las competencias que tiene esa Comunidad, todo eso se puede abordar desde el diálogo, dentro de la Constitución y respetando los procedimientos establecidos.

¿Pero existe a su juicio alguna singularidad de Cataluña que ahora mismo no esté recogida en la Constitución?

No se puede desconocer la situación que existe en Cataluña. Es cierto que estamos viviendo una situación de tensión en torno a lo que se ha calificado como el derecho a decidir o el debate sobre la independencia de Cataluña. Es verdad que todo ese proceso culminó el día 9 de noviembre y parece que una de cada tres personas con derecho a participar en ese proceso se manifestaron a favor de la independencia. No son pocas, son muchos ciudadanos pero son uno de cada tres. Creo que si existe en Cataluña un sentimiento en torno a la independencia es en todo caso desde el diálogo donde se puede encontrar la manera de encauzar este tipo de planteamientos.

Artur Mas propone una hoja de ruta que lleva a la declaración unilateral de independencia en 18 meses. Si eso llegara a producirse, ¿de qué herramientas legales dispone el Estado para impedirlo?

Creo que el Estado de Derecho que tenemos en España tiene herramientas suficientes para defender la Constitución. Si hipotéticamente el nuevo plan del señor Mas acabase en unas elecciones con un proyecto por la independencia, se podría presentar con un programa así, pero cuando fuesen a promover la independencia volverían a encontrarse con la misma situación que tenemos en la actualidad, con la defensa de la Constitución.