Los portavoces de los grupos municipales del PSOE y Ponferrada en Común (PeC) en el Consistorio de la capital berciana, Olegario Ramón y Miguel Ángel Fernández, respectivamente, presentaron hoy ante la Fiscalía de Área de Ponferrada el documento con las conclusiones de la comisión especial informativa para el estudio de la gestión del Mundial de Ciclismo que se celebró en 2014, acompañadas del dictamen del Consejo Consultivo que anuló los acuerdos plenarios por los que el Ayuntamiento asumía los costes de organización del evento. “Venimos a hacer un ejercicio de responsabilidad, por obligación legal y ética”, resumió Ramón.
En ese sentido, el portavoz socialista recordó que “ante una actuación con visos de convertirse en delito, existe la obligación de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía”, un mandato que afecta especialmente a los representantes públicos, insistió. Ramón valoró que, desde el miércoles, cuando anunció la presentación de estos escritos en sede judicial, el grupo municipal de PeC, cuyo portavoz presidió la comisión de investigación, se haya sumado a la iniciativa.
Por otro lado, Ramón acusó a la alcaldesa de la ciudad, Gloria Fernández Merayo, de incumplir su promesa para que el asunto se debatiera en un pleno. “La máxima responsable de llevar esto a pleno no lo ha hecho, ha incurrido en dejación de funciones”, criticó el portavoz socialista, que recordó que han transcurrido cuatro meses desde la aprobación de las conclusiones. “No se puede esperar más”, concluyó.
En la misma línea, Fernández aseguró que “existen responsabilidades políticas, que se tendrán que debatir en un pleno”. Al respecto, el portavoz de PeC adelantó que “si la que tiene que convocar ese pleno no lo convoca, siete concejales pueden convocar un pleno extraordinario y así lo haremos” y lamentó el “tacticismo político” de la alcaldesa por no convocar esa sesión.
Por otro lado, Fernández pidió “respeto por el trabajo denodado de la comisión para esclarecer los hechos”, que calificó de “oscuros” y valoró que la Fiscalía pueda ahora investigar “un asunto que se tiene que esclarecer desde el punto de vista jurídico”. “Venimos a plantear la realidad política, sin buscar culpables a priori, sino soluciones para que esto no vuelva a suceder y que los ciudadanos de Ponferrada no tengan que volver a pagar los desmanes de sus gobernantes”, espetó Fernández, que recordó que el evento deportivo costó a las arcas municipales un total de 11,8 millones de euros, según los cálculos de la comisión. “Queremos saber cómo, por qué y dónde se ha gastado ese dinero”, concluyó.