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El senador socialista por León, Graciliano Palomo, anunció este viernes que su grupo parlamentario va a registrar en la Cámara Alta una moción en la que exigirá al Gobierno de Mariano Rajoy que “deje de dar la espalda al sector del carbón” y cumpla, de una vez, con el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018. La citada propuesta se debatirá en una próxima reunión de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
La moción fue suscrita por los senadores Vicente Álvarez Areces y Luisa Carcedo (Asturias), el propio Graciliano Palomo (León), Rosa Aldea (Palencia) y Perla Borao (Teruel) que destacaron el carácter urgente de la iniciativa. Además, los parlamentarios del PSOE se mostraron muy críticos con el Ejecutivo del PP por “el incumplimiento abrupto” del Plan del Carbón, firmado por la Administración, Carbunión y las organizaciones sindicales.
Por su parte, Graciliano Palomo subrayó que “la brusca, arbitraria y unilateral reducción de las ayudas a la explotación ha supuesto un punto de inflexión que ha llevado a la quiebra a numerosas empresas mineras y ha supuesto la desaparición de miles de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en las zonas mineras de toda España”.
A su juicio, “la práctica eliminación de las ayudas al desarrollo alternativo y la retirada de la financiación de los proyectos para la reindustrialización han condenado a la ruina y a la despoblación de las comarcas carboneras”. Además, explicó que “la extinción de la vigencia del Real Decreto 134/2010 (el 31 de diciembre de 2014) por el que se obligaba a las centrales térmicas a consumir carbón nacional, en las cuantías acordadas en los planes, ha facilitado que durante los últimos años se haya estado quemando masivamente carbón de importación mientras la minería nacional se hundía”.
Por ello, los socialistas reclaman al Gobierno que cumpla los contenidos del Marco de Actuación 2013-2018 pactados y referidos, entre otros asuntos, a adoptar las decisiones necesarias que permitan el mantenimiento de una producción de carbón autóctono competitiva que asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica.
En este punto, también se propone asegurar una participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica, tramitar de forma urgente de la orden por la que se regule el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental y la desnitrificación de las emisiones en instalaciones de producción de electricidad con carbón autóctono y encauzar un cese ordenado de las minas de carbón no competitivas y atenuar el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo, así como su repercusión en las economías regionales.
Además, se destaca la necesidad de fomentar el desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y el apoyo a la creación de infraestructuras vinculadas a los mismos, a la vez que se incentiva la contratación de los trabajadores desempleados como consecuencia del cese de la explotación minera.
Por último, los socialistas hacen hincapié en que se debe ejecutar y/o desembolsar los proyectos tramitados de acuerdo a la normativa sobre ‘fondos mineros’ que se encuentran arbitrariamente paralizados, así como retomar e impulsar los proyectos de Captación, Secuestro y Almacenamiento de CO2 para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el Acuerdo de París.
En el segundo apartado de la moción se solicita al Gobierno que aplique una bonificación tributaria en el Impuesto Especial sobre el Carbón en las empresas que cumpla con requisitos medioambientales y de mantenimiento de puestos de trabajo, ya que desde enero de 2013 este impuesto grava al mismo tipo el carbón comunitario y el carbón importado desde fuera de la Unión Europea. “Se trata de compensar la desventaja competitiva para el carbón nacional derivada de las mayores exigencias ambientales, laborales y de seguridad minera requeridas por las normativas nacional y comunitaria”, ha puntualizado Palomo.
A través de esta iniciativa, los socialistas destacan que es imprescindible negociar con la UE la continuidad de las explotaciones mineras viables y competitivas más allá del 2018, tal y como ha reclamado el Consejo Económico y Social europeo en un informe reciente, sin obligación de devolver las ayudas públicas recibidas.