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El portavoz del grupo municipal socialista en Ponferrada, Olegario Ramón, recrimina a la alcaldesa Gloria Merayo que esté llevando a cabo “la misma política que critica de los anteriores alcaldes” en relación a la licitación del servicio de transporte urbano de la capital del Bierzo mientras el déficit de explotación del servicio va en aumento cada año que pasa fuera de contrato. “Yo si fuese la empresa estaría callado mientras me sigan pagando lo que pido y no salga a concurso el nuevo contrato”, ironizó el socialista.
Para el grupo de la oposición “es difícil” hablar de temas nuevos cuando asegura, que lo que domina este mandato es la “inactividad”. “Se nos envió un correo el día 13 de octubre para informarnos que en el plazo de 10 o 15 días estarían listas las líneas del nuevo contrato. Ha pasado bastante más tiempo y no nos ha llegado nada. Mucho me temo que este punto tampoco irá al Pleno de este mes de noviembre, si es que se celebra”, auguró.
No alcanza a entender Ramón que “si el tiempo era el principal fallo a la alternativa de ‘municipalizar’ el servicio, no se están dando prisa en hacer el nuevo pliego y más cuando las líneas generales del contrato son prácticamente las mismas con la única modificación de los horarios del fin de semana”.
Ramón hace un llamamiento a que la ciudadanía requiera las cuentas de USE a través del Procurador del Común
Otro de los temas de actualidad de los últimos días es la publicación o no de las cuentas de los concejales del Ayuntamiento de Ponferrada en la página del Consistorio. A pesar de que la Ley de Transparencia obliga a los ediles a declarar públicamente sus bienes, ha habido cierta controversia con la falta de esos datos de uno de los grupos municipales, USE Bierzo. Mientras que Ciudadanos daba la voz de “alarma”, los afectados alegaban haber presentado todas sus cuentas, pero ahora parece ser que el problema es no haber firmado el acta de conformidad de que se hagan públicos.
Olegario Ramón recuerda que “el incumplimiento reiterado” de hacer pública esta información se entiende como “infracción grave” a pesar de que no existe ninguna responsabilidad si no se cumple. La única vía abierta es que los ciudadanos requieran esa información a través del portal Web de la Junta de Castilla y León “Reclama aquí”, y que esas quejas sean asumidas por el Procurador del Común.