El Procurador del Común insta a Junta y ayuntamientos del Camino a desarrollar planes de protección 

Fue el pasado mes de marzo cuando se inició una actuación de oficio para conocer de forma pormenorizada el motivo por el que los municipios por los que transcurre la Ruta Jacobea, declarado Conjunto Histórico desde 1962, no contaban con planes especiales de protección, después de comprobar que salvo siete de los 82, no daban cumplimiento a la normativa marcada por la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

En siete ayuntamientos se ha aprobado inicialmente el instrumento correspondiente y en el de Villafranca del Bierzo ya existe aprobación provisional, mientras que el resto tienen algún tipo de norma reguladora sin llegar a ser un plan especial. De ellos, 24 ayuntamientos han excusado cualquier tipo de iniciativa para dotar a los correspondientes municipios de un instrumento de protección para el tramo del Camino de Santiago, mientras que once ayuntamientos han manifestado su intención de promover la elaboración de un instrumento de protección para sus municipios.

Uno de los motivos más esgrimidos por aquellos ayuntamientos que no ven posible la elaboración de un instrumento de protección del Camino de Santiago en el ámbito de su municipio es la falta de medios económicos y personales, lo que obligaría a descuidar la atención de los servicios básicos, y algunos reivindican la dotación económica de otras administraciones públicas, en particular de las diputaciones provinciales, para poder aprobar los planeamientos que exige la normativa, y, al mismo tiempo, la elaboración de un plan de ámbito regional.

La propia Consejería de Cultura y Turismo ha comunicado su intención de convocar líneas de subvención para las localidades con población inferior a 20.000 habitantes. En cuanto a la realización de un plan regional de ámbito territorial del Camino de Santiago de Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo no aporta dato alguno, remitiéndose la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a la competencia que para ello tendría la de Cultura y Turismo por razón de la materia para la elaboración de un instrumento de intervención regional.

El Camino de Santiago es un bien patrimonial con proyección universal para el que la ley exige un planeamiento municipal que, a fecha de hoy, según la actuación, es “muy incompleto” y que, dadas las dificultades existentes, todo indica que las carencias “podrían mantenerse en el tiempo” y, en su caso, ser suplidas por una planificación regional que contuviera unos criterios comunes de protección e intervención dirigidas a un tratamiento “integrado, uniforme y homogéneo” del Camino de Santiago en Castilla y León, sin perjuicio de que también fuera deseable cierto grado de coordinación y puesta en común de actuaciones con otras Comunidades.