El Procurador del Común ha instado a la Consejería de Sanidad a fortalecer las medidas destinadas a reducir las listas de espera y las demoras en la atención, así como a adoptar otras estrategias para evitar retrasos en la atención solicitada por los ciudadanos. Este tema generó un número significativo de quejas en 2023, reflejando la preocupación de los ciudadanos de Castilla y León, según lo expresado por la institución presidida por Tomás Quintana.
Durante su intervención en el pleno de las Cortes de Castilla y León para presentar el informe correspondiente al último año completo, el procurador del Común señaló que la gestión de las listas de espera fue nuevamente motivo de numerosas quejas. En sus resoluciones, se reiteró la necesidad de ampliar las medidas que la Consejería de Sanidad estaba implementando.
Además, el Común llevó a cabo una actuación de oficio para evaluar la evolución de las listas de espera durante la pandemia y el impacto de las diferentes medidas adoptadas en su reducción. Según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, se consideró necesario tomar medidas para reducir los tiempos de espera, especialmente en consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.
El procurador del Común destacó que, más allá del criterio de prioridad clínica, algunos procesos afectan significativamente la vida personal y laboral de los pacientes, lo que constituye un problema adicional que afecta al derecho a la tutela de la salud. Se hizo hincapié en la importancia de garantizar una atención adecuada a las necesidades de las personas que residen en el medio rural, especialmente considerando el envejecimiento de su población.
En cuanto al transporte sanitario, se señaló el incumplimiento del tiempo de respuesta para iniciar traslados por alta hospitalaria. El procurador del Común solicitó a Sanidad que supervise la prestación del servicio y tome medidas para corregir deficiencias. Respecto a la gestión del servicio de atención de llamadas de emergencia a través del número 112, se informó que será evaluado en el plan anual de actuación de la inspección general de servicios para 2024, según lo indicado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.