Un interno del Centro Penitenciario de Topas, en Salamanca, agredió el pasado lunes a tres trabajadores de la prisión, dejando a uno de ellos con la fractura de un dedo y a otro con un esguince de muñeca. El ataque ocurrió al comunicarle el cumplimiento de una sanción disciplinaria, según informó este miércoles la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el centro. El interno ya había protagonizado incidentes en este y otros centros penitenciarios del país.
En un comunicado, CCOO denunció que el personal penitenciario está “indefenso” ante las agresiones, que calificaron como un “riesgo estructural y endémico”. Según el sindicato, la Administración Penitenciaria no ha tomado medidas preventivas efectivas para afrontar la violencia en el trabajo y criticaron la implementación del protocolo Peafa, al que consideran ineficaz y limitador de derechos.
“La única actuación adoptada en los últimos 20 años es el Peafa, que no protege al personal ni previene las agresiones”, afirmó CCOO, recordando que fueron la única organización sindical que rechazó y no firmó dicho protocolo.
Aumento de agresiones en cifras
Las estadísticas del año 2023 reflejan 508 agresiones físicas a nivel nacional, nueve de ellas en Topas, según datos facilitados por la Administración a solicitud del sindicato. CCOO advirtió que, si se incluyeran las agresiones verbales, la cifra se ampliaría a “varios miles más”. Desde 2010, las agresiones laborales en prisiones han aumentado un 113,94 % por cada mil presos.
El sindicato lamenta que el servicio de prevención de riesgos laborales “mire hacia otro lado” y no haya estudiado ni propuesto soluciones para abordar este problema. Según CCOO, la administración relativiza la gravedad de los incidentes y ofrece una imagen “edulcorada” para justificar una gestión que, en la práctica, “maltrata la salud del personal penitenciario”.
Propuestas para frenar las agresiones
CCOO exige medidas concretas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de prisiones, incluyendo la aplicación completa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, evaluaciones periódicas de las causas de las agresiones y la implementación de medidas anticipatorias. También proponen dotar al personal de equipos de protección adecuados, garantizar apoyo psicológico y jurídico a las víctimas y reconocer a los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Además, el sindicato subraya la importancia de proteger la salud mental de la población reclusa y ajustar la clasificación regimental a la realidad penitenciaria. Estas medidas, aseguran, permitirían reducir y prevenir las agresiones, mejorando las condiciones laborales en el ámbito penitenciario.