Ponferrada prestó 163 asistencias a víctimas de violencia de género en el último año

El Colegio de la Abogacía de León (ICAL) prestó un total de 573 asistencias a mujeres víctimas de Violencia de Género durante el año 2022, lo que supone un incremento del 14% respecto al ejercicio anterior (503), tal y como constata el decano de la abogacía leonesa, Fernando Rodríguez Santocildes, que preside, además, la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española. Santocildes interpreta esta tendencia al alza que se viene observando en los últimos años en el número de asistencias de este turno como respuesta a una mayor información, sensibilización y visibilización de la violencia sexual, “una estrategia en la que no debemos dejar de trabajar e intensificar, además de acompañarla de recursos específicos”.

Por partidos judiciales, el de León realizó 353 asistencias; el de Ponferrada, 163; Astorga, 17; La Bañeza, 23; Sahagún, 4, y Villablino, 13 asistencias.

Desde el Turno de Violencia de Género, que integran a día de hoy 147 profesionales de la abogacía colegiados en León, se presta un asesoramiento jurídico integral a mujeres víctimas de violencia machista. Este turno especializado está cubierto permanentemente con guardias que cubren las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconocen el derecho a contar con un abogado de oficio a cualquier mujer que quiera denunciar que ha sido víctima de violencia de género, y además se señala que este derecho se les prestará “de inmediato”. De este modo, cuando el letrado o letrada de guardia recibe el aviso, se trasladará en el tiempo mínimo imprescindible al lugar en el que ésta se encuentre. “Hay que tener muy presente que estas mujeres se encuentran en un momento muy convulso, por eso, en ese primer encuentro que mantenemos con la víctima para conocer su situación personal es muy importante que se sientan respaldadas, escuchadas, y que conozcan qué recursos tienen a su disposición, sociales y judiciales”, explica Susana Morla, coordinadora de este turno especializado del ICAL.

Los abogados y abogadas inscritos al turno de Violencia de Género deben completar previamente una serie de cursos específicos y, además, el Colegio de la Abogacía de León, dentro de su firme compromiso con la lucha contra la violencia de género, ofrece formación continua a los colegiados.

Asistencia letrada, de derecho a obligación

Con motivo de la conmemoración este sábado, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde el ICAL quieren insistir en la reivindicación que, reiteradamente, viene realizando el colectivo: que la asistencia letrada a estas víctimas sea una obligación legal antes de formular la denuncia, “que sea obligatorio que esa persona esté convenientemente asistida desde el primer momento, lo que exige la reforma del artículo 20 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género “para que el reconocimiento de ese derecho sea algo preceptivo y no se ciña únicamente a informar a la víctima, que tiene derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito, sino que ese asesoramiento sea preceptivo desde el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, derecho que, imperativamente, sí tiene el detenido o investigado”, explica Morla.

El decano exige, asimismo, que se dé cumplimiento a la Disposición Final 21ª de la Ley Orgánica de Garantía de Libertad Sexual, que dispone que en el plazo de un año desde su entrada en vigor se modifique la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para hacer extensivo el servicio de asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de delitos contra la libertad sexual, “este plazo de un año se cumplía el pasado 7 de octubre y aún no se ha remitido el proyecto de ley a las Cortes”.

No obstante, el Colegio leonés presta esta asistencia en el marco del convenio de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, que incluye la atención a mujeres y niñas víctimas de agresiones y/o abusos sexuales en todos los procedimientos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de dicha agresión, de manera que la mujer disponga de un abogado especializado en delitos contra la libertad sexual que la asista y la defienda en juicio, con independencia de que tenga o no recursos para litigar.