Los pensionistas alzaron la voz este lunes en la plaza Fuente Dorada de Valladolid para exigir soluciones reales tras lo que calificaron como el “espectáculo lamentable” vivido en el Congreso, donde se rechazó el decreto conocido como Ómnibus, que incluía la revalorización de las pensiones para 2025. La protesta, convocada por la Coordinadora Provincial por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, dejó clara su indignación frente al bloqueo político y reclamó a los gobiernos, partidos y sindicatos “hechos en lugar de palabras equívocas” y que “no jueguen al juego partidista del poder con nuestras vidas”.
Los manifestantes denunciaron que más de la mitad de los pensionistas en España perciben cantidades por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que un tercio no alcanza siquiera el umbral de la pobreza. Además, advirtieron que gran parte de las pensiones se destinan a gastos básicos, como alimentación y vivienda, y subrayaron que la revalorización anual al IPC, aunque “insuficiente para la mayoría”, es imprescindible para evitar caer en una mayor precariedad.
“La democracia parlamentaria no está defendiendo a la ciudadanía”
Los asistentes expresaron su profunda decepción con los representantes políticos y afirmaron que la “sensación amarga” que queda tras el rechazo al decreto es la de un “teatro de despropósitos” en el que la democracia parlamentaria parece incapaz de proteger los derechos de los ciudadanos. Acusaron a los partidos de la oposición de tumbar la revalorización de las pensiones “por cuestiones partidistas” con el único objetivo de desgastar al Gobierno, valiéndose de “excusas de risa”.
No obstante, también señalaron al Ejecutivo, al que responsabilizaron de no haber asegurado la mayoría parlamentaria para sacar adelante el Decreto Ley Ómnibus, al que calificaron como “un cajón de sastre” que incluía normas de diversa índole.
Privatización de la sanidad y el alargamiento de la edad de jubilación
La Coordinadora Provincial por la Defensa del Sistema Público de Pensiones alertó también sobre otro decreto aprobado en el Congreso, fruto de un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos mayoritarios, que consideran perjudicial para los pensionistas. En concreto, recordaron que este acuerdo plantea alargar aún más la edad de jubilación –que ya se amplió de los 65 a los 67 años con la reforma de 2011–, así como dar más atribuciones a las mutuas de accidentes de trabajo, permitiéndoles gestionar tratamientos, pruebas diagnósticas y bajas por enfermedad. Según los pensionistas, esto representa “una vuelta de tuerca más en la privatización de la sanidad”.
Pese a la indignación generalizada, los manifestantes dejaron claro que no se rendirán en la defensa del Sistema Público de Pensiones, reiterando su lema: “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”.