Obra pública ‘low cost’: Rebajas del 30% en la pugna por los contratos

J.A. La competencia feroz de las empresas para lograr los escasos contratos de obra pública han hecho que ofrezcan a las administraciones rebajas superiores al 30 por ciento en Castilla y León, que se está convirtiendo en un territorio ‘low cost’ en la construcción de infraestructuras. El sector alerta de que estas bajas de adjudicación, que considera “temerarias” en su mayoría, son la “sentencia de muerte” para muchos contratistas que ofrecen presupuestos que no cubren los costes de producción.

La política de austeridad en las inversiones públicas ha desatado una guerra de precios entre las empresas del sector, que pugnan en los procesos de licitación para quedarse con el proyecto con ofertas que no se ajustan a la realidad. De hecho, las bajas de adjudicación han crecido de forma notable con la crisis en la Comunidad, pasando del 16,4 por ciento en 2010 al 30,4 por ciento el pasado año, es decir, se han duplicado los descuentos, lo que ha abaratado el coste de las obras.

La tendencia es “demoledora” para el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, quien advirtió en declaraciones a Ical que la situación no se resolverá sin la intervención de la Administración. En su opinión, se están adjudicando contratos a ofertas “irreales” puesto que recalcó que ninguna empresa es capaz de ejecutar una obra un 30 por ciento más barato que el resto de sus competidores. También sostuvo que los precios de los materiales y mano de obra no han caído durante la crisis económica en esa proporción.

Por tanto, el representante de los contratistas aseguró que la obra al final no cuesta un 30 por ciento menos, ya que explicó que muchas empresas van a la “ruina” o se ven obligadas a paralizar los trabajos y a solicitar un modificado de proyectos. En estos casos, sostuvo que la Administración opta por incrementar el presupuesto o por reducir el tamaño del proyecto para ajustarlo al montante de la adjudicación.

Por administraciones existen pequeñas diferencias en la Comunidad. La bajas de adjudicación de la Administración central se situó en el 29,6 por ciento el pasado año, mientras en el caso de las entidades locales fue del 26,3 por ciento. Sin embargo, la Junta está contratando con unas rebajas medidas del 39,3 por ciento, una cifra ligeramente inferior al 43,7 por ciento de 2013. Pascual sostuvo que incluso algunos ayuntamientos están contratando a empresas que presentan ofertas “temerarias”.

El presidente de la Cámara de Contratistas consideró que esta evolución de la licitación es consecuencia por un lado de la actuación “poco responsable” de las empresas, que se comprometen a asumir unas bajas que no podrán cumplir, y de la “dejación” de las administraciones que teniendo mecanismos correctores no los aplican. Además, recalcó que esta política de descuentos no supone ningún beneficio para el sector público puesto que recalcó que “al final, lo barato sale caro”.

Intervención en el mercado

“No es función de la Administración arruinar sectores económicas, cuando el mercado no funciona, debe tomar cartas al asunto y garantizar precios justos”, explicó el presidente de la Cámara de Contratistas, quien urgió soluciones y exigió diálogo para paliar esta situación que aseguró “es muy mala para empresarios y administraciones”. Señaló que las empresas difícilmente pueden “autoregularse”, ya que señaló que están buscando su supervivencia a corto plazo en un sector “sobredimensionado”.

Pascual criticó que las administraciones se estén “lavando las manos” y advirtió de que el ahorro que están logrando con estas bajas tendrá que destinarlo en el futuro a atender la reparación de estas infraestructuras. En concreto pidió una revisión de los criterios utilizados para estimar el coste de las obras y cambios legislativos para rechazar las ofertas que planteen descuentos del 30 o el 40 por ciento.

Recordó que la Ley de Contratos del sector público obliga a la Administración a hacer una supervisión de los proyectos y de los precios para detectar bajas temerarias. En estos casos, el contratistas debe justificar los precios que plantea en el concurso. Si el licitador lo acepta, puede lograr la adjudicación del contrato.

Más inversión

El balance provisional de los contratistas sitúa la licitación de 2014 en 1.045 millones, lo que supone un 60 por ciento más que en 2013, cuando se quedó en 650 millones. Por administraciones, el Gobierno central sacó a concurso obras por importe de 653 millones, casi el doble que en 2013. También, la Junta movilizó 165 millones, frente a los 140 del año anterior y las entidades locales, 227 millones, 62 millones más, superando por tercer ejercicio consecutivo al Ejecutivo autonómico.

Las adjudicaciones ascendieron a unos 720 millones, de los que unos 460 correspondieron a la Administración General del Estado; 100 a la Junta, y unos 160 a las instituciones locales. Entre las principales actuaciones destaca los sistemas de control del tráfico y seguridad de los corredores a León y Burgos, que han han sumado 189 millones. También destacan las actuaciones de conservación de carreteras contratadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente