Vecinos de Compostilla y BAL presentan nuevas alegaciones contra la red de calor

La Asociación de Vecinos de Compostilla y la ong Bierzo Aire Limpio han presentado conjuntamente un nuevo escrito de alegaciones contra la red de calor y la central de biomasa de Ponferrada, ubicada en este barrio de la capital berciana, exigiendo al Ayuntamiento “que suspenda la tramitación del nuevo Plan especial para la implantación de una red de calor en la parcela SUD-11 hasta que exista sentencia firme” por parte del Tribunal Supremo.

En opinión de los alegantes, “El Ayuntamiento pretende legalizar una instalación ya ejecutada, afectada por varias sentencias y vicios de relevancia. Se finge o simula empezar de nuevo y se olvida de manera grosera que la central térmica de biomasa ya está ejecutada en su totalidad y la licencia de primera ocupación no ha sido anulada: carece de sentido que se pretenda tramitar un nuevo Plan Urbanístico sin antes restablecer la legalidad y asumir el contenido ilegal de los actos previos del Ayuntamiento, como ha ordenado el TSJCyL”.

Ante el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Ponferrada para comenzar de cero con los trámites informativos del proyecto, los vecinos y Bierzo Aire Limpio se plantan y exigen “la alternativa cero. No cabe otra opción que su demolición por ser contraria al PGOU de Ponferrada, que prohíbe expresamente el uso industrial de esa parcela, enclavada en una zona residencial y destinada a equipamiento y servicios comunitarios”. Por eso, continúan, “no se entienden los motivos ni está justificado en el proyecto por qué el Ayuntamiento se empeña en esta ilegalidad, existiendo en el término municipal de Ponferrada numerosas localizaciones de uso industrial”.

“Una cacicada de Quiñones”

Por otro lado, el escrito remitido por los vecinos de Compostilla y Bierzo Aire Limpio recuerda que “este proyecto no solo no cuenta con financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), como falsamente ha anunciado el Consejero de Fomento Suárez-Quiñones y ha desmentido el propio BEI, sino que el asunto está bajo la lupa de las autoridades europeas, pues el proyecto declarado ilegal por los tribunales, también está siendo investigado por el BEI por posible fraude”.

Por ello, consideran que “continuar adelante, ignorando que los permisos de la instalación han sido anulados y que se han declarado ilegales cinco acuerdos municipales, es una temeridad contraria al interés común de la ciudadanía ponferradina que solo sirve para blanquear una cacicada ilegal del Consejero de Fomento“.