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Los Juzgados de Ponferrada han vuelto a ser escenario de una concentración como señal de protesta ante una posible privatización del Registro Civil y su traspaso al Registro de la Propiedad. Esta movilización ha sido convocada por el sindicato CSI-F y apoyada por funcionarios, secretarios judiciales y magistrados.
El delegado sindical Olegario Ramón fue el encargado de leer un comunicado, en el que ponen de manifiesto que el traspaso de dicha competencia no resultará gratuita para los ciudadanos, “quienes muy probablemente van a tener que pagar por la vía del arancel o cualquier otra similar por actuaciones que hasta la fecha le resultaban gratuitas”.
El Registro Civil de Ponferrada, que cuenta con tres funcionarios, un secretario judicial y una magistrada, tramitó en el año 2013 844 expedientes, practicó 4.855 inscripciones y se han expedido 29.000 certificaciones. Todas estas actuaciones, señala Olegario Ramón, ” han resultado gratuitas para los ciudadanos, pero no se garantiza en absoluto que en el futuro esto vaya a ser así. Los Registradores de la Propiedad, en su asamblea celebrada en Zaragoza, han exigido como condiciones para asumir el registro civil financiación garantizada y consenso social. La financiación supones que el Gobierno se la habrá garantizado, en cuanto al consenso social es evidente que es un requisito que no se da, esta concentración es una prueba de ello”.
Asegura, además, que los ciudadanos de la comarca van a tener mayores problemas porque sólo existe Registro de la Propiedad en Villafranca y Ponferrada, “cuando en la actualidad tenemos Registro Civil en todos y cada uno de los municipios de la comarca. Se producirá un agravio más para el ya suficientemente castigado medio rural”.
Por su parte, el secretario judicial del Registro Civil, José Miguel Carbajosa, ha señalado que todavía no han recibido confirmación por parte del Ministerio de Justicia de que en el mes de julio, momento en el que entrará en vigor la nueva Ley, haya que hacer el traspaso de papeles. “Pensamos que así será pero los que trabajamos en el Registro Civil estamos en contra de que esto se desjudicialice, es un servicio que damos a los ciudadanos de manera gratuita, de manera ejemplar, con sus defectos evidentemente, con carencia de medios materiales y personales. A partir de ahora esto va a cambiar, no sabemos si a peor o a mejor, nosotros creemos que a peor porque se va a centralizar en los registros de la propiedad y que bueno, desde luego cuanto menos el cambio de titularidad aunque estemos todos dentro del Ministerio, de los Juzgados o los Juzgados de Paz a los Registros de la Propiedad no sabemos cómo va a funcionar”, aseguraba.
El magistrado Oscar Hernáiz, que también ha participado en la concentración, no entiende este cambio porque no está justificado en razones económicas y cree que puede suponer una merma de los derechos de los ciudadanos, tanto en la atención que reciben como en la propia tutela de sus derechos. “La atención que pueden recibir, aunque ahora no es la mejor porque no se ha atendido con todos los medios que se debiera, no es una garantía de mejora la pretensión de cambio que postula el Ministerio de Justicia que esperemos rectifique y mantenga como hasta ahora bajo el control del poder judicial esta oficina tan importante y tan esencial para todos como el Registro Civil”, concluyó.