Montserrat González y Triana Martínez expresan por primera vez su arrepentimiento por el asesinato de Isabel Carrasco

Diez años después de ingresar en prisión, Montserrat González y su hija Triana Martínez han mostrado por primera vez su arrepentimiento por el asesinato de Isabel Carrasco, expresidenta de la Diputación de León. Ambas han remitido sendos escritos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo, en los que piden disculpas “sinceras, plenas y absolutas” a la familia de la víctima y aseguran que su comportamiento futuro “nunca jamás será doloroso”.

González, condenada a 22 años de prisión como autora material del crimen, y Martínez, que cumple una pena de 20 años como cooperadora necesaria, permanecen encarceladas en el centro penitenciario de Villabona. En sus escritos, presentados diez años y siete meses después de ser detenidas, expresan su “pesadumbre íntima y sincera” por los hechos ocurridos en mayo de 2014, cuando Carrasco fue asesinada de varios disparos mientras cruzaba una pasarela sobre el río Bernesga, en León.

Un cambio tras una década de reflexión

Los documentos enviados a la jueza de Vigilancia Penitenciaria, María Elvira Gutiérrez, están fechados el 9 de diciembre y contienen cinco puntos clave. Las condenadas rechazan la violencia como medio para resolver conflictos, piden disculpas por el daño causado, recuerdan que ya han abonado las indemnizaciones civiles de 150.000 euros y reiteran su disposición a colaborar con los perjudicados. Además, subrayan su compromiso de no causar dolor a terceras personas en el futuro.

Según el abogado de ambas, Fernando Pamos de la Hoz, este cambio de actitud responde a “una profunda y sosegada reflexión y un acto de contrición” que busca ponerse del lado de la familia de la víctima y servir de ejemplo para la sociedad.

La tercera condenada, en semilibertad

En el caso también fue condenada a 14 años de prisión como encubridora Raquel Gago, policía local de León, quien obtuvo el tercer grado en septiembre de 2023.

Este gesto de arrepentimiento se produce en un contexto en el que las condenadas intentan demostrar su evolución personal tras una década en prisión, marcando un posible nuevo capítulo en un caso que conmocionó a la provincia de León y al ámbito político nacional.