Medio Ambiente planteará la creación de un epígrafe específico para los recolectores micológicos profesionales

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León planteará a la Seguridad Social la creación de un epígrafe de actividad laboral para los recolectores micológicos profesionales. Así lo expuso este jueves el asesor de la Dirección General de Medio Natural, Álvaro Picardo, quien destacó que la Administración regional aboga por aplicar la normativa fiscal y de la Seguridad Social existente a la actividad setera y fijar la atención en el empresario, ya que comercializa hongos y setas de la región, y debe velar, por tanto, porque se documente el proceso comercializador.

Comisiones Obreras Soria organizó este jueves una jornada para abordar las fortalezas y debilidades del aprovechamiento micológico. La Residencia Antonio Machado acogió un intenso debate y las exposiciones que realizaron el representante de la Junta; la alcaldesa de Vinuesa, Asunción Medrano; el teniente jefe del Seprona de Soria, Pedro José Ruiz, y la jefa de Inspección de Trabajo de Soria, María Paloma Ibáñez.

Picardo señaló la necesidad de contar con un nuevo decreto micológico que venga a poner orden al sector, pero también recordó que es competencia del Ministerio de Hacienda y del de Empleo y de la Seguridad Social hacer valer sus leyes para que los recolectores profesionales perciban unos ingresos, con retenciones no excesivamente gravosas, y que la actividad compute en el régimen de la Seguridad Social siempre y cuando los ingresos no sobrepasen el salario mínimo profesional.

Además, apuntó la necesidad de implicar al Ministerio de Agricultura, ya que las setas son productos agroalimentarios y, por lo tanto, se deben de poner los instrumentos necesarios para garantizar la trazabilidad del producto.

“La Consejería de Medio Ambiente entiende que la normativa existe (local, regional, nacional y europea) y que se debe de actualizar y armonizar ”, destacó para apostar, al finalizar su intervención, en “no poner el foco en los recolectores sino en los empresarios, que deben de conocer cómo funcionar”.

Picardo, que trabaja en la elaboración del nuevo decreto que se espera esté listo antes de que comience la campaña micológica de otoño, aseguró que la nueva normativa contará con unas reglas sencillas y descartó la posibilidad de crear lonjas de carácter municipal, debido a que los empresarios tienen los almacenes adecuados para acopiar el producto y realizar la clasificación y transformación necesaria de los hongos.

Asimismo, apostó por no poner el foco del problema en quién recolecta el recurso, pero sí en garantizar su sostenibilidad en el tiempo. “Creemos que la micología puede ayudar al desarrollo rural y por ello el decreto velará por garantizar las rentas y derechos de las 700.000 familias que en Castilla y León son propietarios forestales y que tienen derecho a los beneficios de su tierra”.

También, señaló que la venta de setas, a menudo, es una actividad irregular porque se produce sin factura, una cuestión que da inseguridad a las empresas y no garantiza la seguridad alimentaria.

Por su parte, la alcaldesa de Vinuesa, Asunción Medrano, quien amenazó en varias ocasiones con salirse a la Unidad de Gestión Montes de Soria (UGAM) por estar en desacuerdo con el sistema de regulación implantado por la Junta, pidió una “regulación total” e hizo hincapié en la necesidad de crear lonjas para garantizar la trazabilidad del recurso.

Asimismo, se refirió a la necesidad de poner freno a la llegada de recolectores ilegales que esquilman el monte y crean alarma social entre la población, ya que al disponer de escasos recursos cometen pequeños hurtos en las localidades donde se asientan temporalmente.

Pedro José Ruiz significó que la Guardia Civil incautó 2.000 kilos de setas la pasada campaña y cursó 200 infracciones administrativas a otros tantos recolectores que recogieron setas sin permiso. El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León tramitó alrededor de 521 denuncias.  Asimismo, indicó la dificultad de comprobar el proceso de compra venta ilegal, un extremo en el que también coincidió la jefa de la Inspección de Trabajo de Soria.