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Ical / EBD La realidad se ha impuesto a los planes urbanísticos de hace años, que perseguían poner suelo a disposición del sector de la construcción. Ahora, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente continúa con la reconversión inmobiliaria que se traducirá en la anulación este 19 de octubre de 210 áreas en Castilla y León, con una superficie de 27.580 hectáreas, equivalente a la mitad de la isla de Ibiza, que en conjunto tenían capacidad para edificar un millón de viviendas.
Así, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha comenzado a dirigirse por carta a los ayuntamientos, instituciones y agentes públicos y privados afectados por la desclasificación automática de suelo urbanizable y su cambio a suelo rústico común de aquellos terrenos que a fecha de 18 de octubre no hayan sido ordenados. En el Bierzo son tres los ayuntamientos que verán desclasificado suelo urbanizable y su conversión a rústico a partir del 19 de octubre: Ponferrada, con 2.693.883 metros cuadrados; Bembibre, con 899.200 metros cuadrados, y Villafranca de Bierzo, con 47.456.
Con anterioridad, siguieron el mismo proceso Fabero, con 289.800 metros cuadrados, Cacabelos, con 229.816; Palacios del Sil, con 32.500; e Igüeña, con 26.176 metros cuadrados.
Según un estudio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se encuentran en esta situación más de 283 millones metros cuadrados, incluidos en 208 sectores de 87 municipios en el conjunto de Castilla y León.
La Consejería, además, contactó hace tiempo para que los municipios afectados para que pudieran presentar alegaciones o promover planeamientos durante medio año. Con esta medida, el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones afirma que responde a su “compromiso de facilitar un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con el medio ambiente, al eliminar las previsiones fallidas de desarrollo que a día de hoy suponen un lastre para los municipios afectados”.
La ley de Urbanismo de Castilla y León estableció en 1999 dos categorías de suelo urbanizable: el delimitado, SUD, ya organizado en sectores por el PGOU, con condiciones prefijadas como uso, edificabilidad o densidad, entre otras, información que permitiría a los promotores presentar un plan parcial; y el suelo urbanizable no delimitado, SUND, que actuaba como suelo de reserva, en el que los sectores no tenían las condiciones preestablecidas.
Posteriormente, la ley 7/2014 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana de Castilla y León incluyó una disposición transitoria que establecía determinados plazos para que los terrenos clasificados como suelo urbanizable a la entrada en vigor de la ley se ordenaran detalladamente; en caso contrario, quedarían clasificados automáticamente como suelo rústico común.
El próximo jueves, 18 de octubre, según se explica desde la Administración Regional, vence el plazo de cuatro años establecido para aquellos terrenos clasificados como suelo urbanizable no delimitado en el marco de la ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, situación que está siendo comunicada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a los ayuntamientos, instituciones y agentes públicos y privados, y en 2022 se desclasificarán también los terrenos de suelo urbanizable delimitado, según establece la misma ley.
Esta desclasificación, que afectará a un total de 88 municipios de la Comunidad, tendrá una nueva oleada, en virtud de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en cuatro años, en concreto, en octubre de 2022. Afectará al suelo urbanizable “delimitado” que no haya sido desarrollado. La norma de 2014 dio a estos terrenos el plazo más amplio, ocho años. De esta forma, el proceso de ajuste en la ordenación territorial de la Comunidad concluirá tras tres modificaciones en seis años.