Mañueco ve “injusto” el reparto del Fondo Extraordinario

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, calificó hoy de “injusto” el reparto del Fondo Extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros porque con los nuevos criterios del Gobierno “se castiga” y “se deja en la estacada” a las comunidades más afectadas por la pandemia.

Durante su comparecencia en la Sede de la Presidencia tras la décimotercera conferencia de presidentes, Fernández Mañueco defendió que el reparto de esa dotación de recursos a las comunidades se realice en función de la incidencia del virus en su población, el envejecimiento y la dispersión territorial.

Fernández Mañueco lamentó que con los nuevos criterios el fondo no se destine íntegramente a los gastos extraordinarios motivados por la incidencia de la pandemia en la sanidad y los servicios sociales y censuró que se recorten 2.000 millones a ambas áreas. El presidente aseguró que de los 650 millones con los que espera contar Castilla y León se pueden recortar en unos 125 millones.

En tal sentido, defendió que se mantengan los 11.000 millones previstos para sanidad y servicios sociales y anunció que se dará “batalla” con otras comunidades que tampoco comparten los criterios, si bien observó escaso margen porque el debate irá al Congreso sin pasar antes por el Consejo de Política Fiscal y financiera.

“No se ha explicado el cambio de criterio”, afirmó Fernández Mañueco, que recordó que Castilla y León fue una de las primeras comunidades en solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez un fondo extraordinario y no reembolsable y estimó que el Ejecutivo debe hacer un esfuerzo para el gasto en educación.

En anterior comparecencia, cuando el Gobierno anunció ese fondo, el presidente de la Junta valoró que la “música” sonaba bien pero que “había que conocer la letra”, lo que hoy recriminó al Ejecutivo ante los criterios para su reparto, cuya primera cantidad de 6.000 millones compromete a las autonomías para primeros de julio. 

Sánchez no oconvence

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó este domingo a las comunidades y ciudades autónomas de la nueva distribución que se aplicará para el reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones que ofreció semanas atrás a los Ejecutivos regionales para afrontar la situación por el Covid-19. El nuevo reparto recibió la contestación por parte de presidentes autonómicos, que pedían desde más cantidad a libertad en el destino final del dinero recibido.

En su intervención en la decimotercera reunión de la Conferencia de Presidentes, Sánchez comentó que la nueva distribución sería de 9.000 millones para cuestiones del gasto sanitario, 2.000 para educación y 5.000 para potenciar la recuperación económica ante la caída de ingresos, según varias fuentes consultadas por Servimedia presentes en la reunión telemática.

En concreto, el reparto de los 6.000 millones se hará en julio en función de gastos sanitarios criterios representativos; el segundo tramo de 3.000 millones en noviembre en atención también a esos gastos sanitarios criterios representativos; un tercer monto de 2.000 millones en septiembre para gastos educativos; y un cuarto y último reparto de 5.000 millones en diciembre para recuperación económica y bajo criterios de régimen común.

El presidente remarcó que se trata de transferencias directas, no de préstamos y que, por tanto, se reparten sin condicionalidad; así como que este fondo vinculado al Covid supone un esfuerzo “extraordinario por ser la mayor transferencia” de recursos a las comunidades al margen de la financiación autonómica. “Esto hay que ponerlo en valor porque la situación financiera del Estado es la que es y encontrar recursos económicos tiene su dificultad”, subrayó Sánchez según fuentes presentes.

Quejas de las autonomías

Se trata de una nueva distribución a la conocida hasta ahora, lo que despertó críticas de algunos territorios como Cataluña, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y Castilla y León o el cuestionamiento de Aragón, porque ve “desacertada” la supresión de la partida para políticas sociales, y La Rioja, que “confía” en que no perjudique a ninguna comunidad.

Por su parte, Extremadura, Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias y Canarias celebraron el nuevo reparto que no valoraron en la reunión ni País Vasco, Navarra ni Andalucía.

En citas pasadas, Sánchez detalló que los cuatro tramos del fondo serían de la siguiente forma: el primero, de hasta 6.000 millones de euros a pagar en este mes de julio en base al gasto sanitario; el segundo, de hasta 4.000 millones de euros también con el mismo criterio pero que se iba a pagar en noviembre.

Un tercer tramo, explicó en su día, sería de hasta 1.000 millones de euros a pagar en noviembre en base a criterios representativos de gasto social; mientras que el cuarto y último, de hasta 5.000 millones, iba a ser en función de criterios relacionados por la disminución de la actividad económica.

En la reunión de este domingo, Sánchez comentó que los cambios son fruto de las conversaciones con las comunidades autónomas, así como con los grupos parlamentarios, ya que este reparto se hará mediante un real decreto-ley que debe ser convalidado y que espera se apruebe ante de que acabe este mes para que en julio se pueda afrontar el primer pago, como concretó en la rueda de prensa posterior desde el Palacio de la Moncloa.

Pese a subrayar que las autonomías van a recibir 7.907 millones más que el año anterior y que, sumado al fondo extraordinario de principio de la pandemia el Gobierno ha facilitado 24.500 millones de euros, Sánchez no se libró de la contestación de los presidentes.

También se refirió al real decreto que prepara el Gobierno para regular la llamada “nueva normalidad”, en el que, según el borrador al que tuvo acceso Servimedia, se prevé exigir a las empresas que adapten la organización de los puestos de trabajo y de los turnos, de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de entre 1,5 y 2 metros entre los trabajadores cuando deje de estar en vigor el estado de alarma.

Así como el uso obligatorio de mascarillas cuando no se garantice la distancia o en espacios cerrados donde se produzca concentraciones de personas.

El presidente del Gobierno avanzó este domingo que, una vez que pasen las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio, convocará una reunión presencial para “acordar ya un plan de reconstrucción”.