Mañueco anuncia una nueva rebaja fiscal en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este miércoles una nueva rebaja fiscal que beneficiará a todos los contribuyentes de la Comunidad, 1,3 millones de personas, y resumió la gestión del Gobierno de coalición en medidas que “funcionan, útiles y eficaces” al servicio y bienestar de los ciudadanos.

Fernández Mañueco, en su discurso del debate de política general que coincide con el ecuador de esta legislatura, defendió el dinamismo económico de la Comunidad, su apuesta por el diálogo político y social, la defensa de la calidad de los servicios públicos y el saldo migratorio positivo desde 2018 que se cifra en 52.000 habitantes más en cinco años.

“Estamos trabajando en una nueva rebaja fiscal”, avanzó el presidente, que concretó en una reducción de medio punto del 9 al 8,5 por ciento en el IRPF que beneficiará en ese tramo a 1,3 millones de contribuyentes. De esa manera, precisó que Castilla y León se consolidará como la comunidad con el segundo tipo mínimo más bajo en este impuesto.

En este punto, recordó que desde que es presidente han rebajado 34 veces los tributos frente al modelo contrapuesto del Gobierno de 69 subidas y se detuvo, a la vez, en rechazar que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, haya vinculado la nueva financiación autonómica con la llamada armonización fiscal. “Sí eso significa subir impuestos o recuperar otros suprimidos como el de Sucesiones y Donaciones, nos opondremos formalmente”, aseguró. “Nosotros estamos aquí para ayudar a las personas, las familias y las empresas, no para exprimirlas”, aseveró.

El presidente defendió que el diálogo es una “seña de identidad” de su Gobierno y recalcó que el Diálogo Social “sigue plenamente activo”, donde precisó que ha firmado trece acuerdos y habrá más, como los próximos que se firmarán en responsabilidad social y corporativa, dependencia, educación y digitalización.

Precisamente, al referirse al diálogo político, acusó a la oposición de “ninguna voluntad” para avanzar en los tres pactos, de sanidad, financiación y Corredor Atlántico, que ofreció en el último debate de política general celebrado el pasado mes de octubre, aunque afirmó que, pese a “su escaso interés”, mantiene su voluntad de acuerdo.

También, expresó “mano tendida” a las entidades locales, universidades, opas, tejido asociativo, tercer sector y sociedad civil. A éstos últimos se dirigió en esta ocasión para avanzar que ofrecerá un pacto social por las familias de Castilla y León, con objetivos en educación, empleo, vivienda y servicios sociales, y otro por la conciliación, que mejores los cuidados familiares desde la corresponsabilidad.

El presidente de la Junta defendió que “Castilla y León funciona” con las medidas de su Gobierno, que volvió a calificar de “útil y eficaz”, y desgranó su resumen de este año y avanzó nuevas medidas en seis ejes: economía del futuro, potenciar las energías renovables, conseguir una comunidad más natural y sostenible, estar a la vanguardia tecnológica e impulsar servicios de última generación.

Dinamismo económico

Fernández Mañueco afirmó que quizá la Comunidad esté en este momento en el mejor desde 2008 y subrayó que en 2023 el crecimiento fue mayor del esperado, con un 2,7 por ciento que ha llegado al 3 por ciento en el primer trimestre de 2024, en un dinamismo económico que trasladó al mercado laboral con la menor tasa de paro desde 2007 y tres años ininterrumpidos de creación de empleo.

Además de desgranar el estado de ejecución de algunos polígonos industriales, se refirió a la culminación del programa territorial de fomento de Tierra de Campos para 206 municipios de Valladolid, Palencia, León y Zamora y al plan para el desarrollo social de La Raya para Zamora y Salamanca que esperan aprobar a finales de año.

Tras expresar la exigencia al Gobierno de que los Perte se adapten a las demandas de las empresas, defendió el protagonismo y el compromiso de la Junta con los agricultores y ganaderos, que concretó en el pago ágil de las ayudas a la PAC, en la propuesta a Bruselas para reducir la burocracia y luchar contra la competencia desleal, en los más de 145 millones e ayudas a la sequía y en las destinadas a combatir la enfermedad hemorrágica, que se mantendrán también este año.

Igualmente, levantó la voz al Gobierno para agilizar los regadíos y pedir que derogue la norma sobre la gestión del lobo, cuyos ataques aumentaron un 16 por ciento el pasado año. A ello unió la resolución este año de una convocatoria de 120 millones para la incorporación de jóvenes al campo. “Nuestro mundo local es una prioridad absoluta para mi Gobierno”, remató.

En la línea de hacer una comunidad más natural y sostenible, avanzó la elaboración de un Libro Blanco del Agua en Castilla y León y para un territorio de vanguardia se refirió a la movilización de 300 millones en los próximos años para atraer y fidelizar el talento.

Servicios públicos

Tras referirse al compromiso para blindar los servicios públicos esenciales a través de la ya en marcha proposición de ley, desgranó el estado de algunas infraestructuras como la instalación de la radioterapia en el Hospital de Soria, cuyo búnker estará terminado en julio, las obras en el Hospital El Bierzo para esta unidad y la próxima ampliación del plan funcional o el impulso al hospital de día oncohematológico en Ávila.

“Insistimos en que el Gobierno debe esforzarse mucho más para afrontar el problema de Estado que supone la falta de médicos”, advirtió, para solicitar que se quite la nota de corte de los MIR y poner en valor la convocatoria de 536 plazas, un 25 por ciento más que el año pasado.

El presidente expresó la preocupación por la salud mental y anunció una estrategia en este sentido, la ampliación de la red de prevención de las conductas suicidas, un servicio integral de apoyo a las familias, nuevos dispositivos de salud mental para niños y jóvenes y la aprobación de un plan de medicina personalizada y de precisión de Castilla y León.

En educación defendió que Castilla y León es la comunidad que más invierte en formar al profesorado y avanzó que tras el verano convocará a los rectores de las universidades públicas para facilitar el consenso y la planificación en financiación, infraestructuras, nuevas titulaciones y la implantación de la LOSU. Asimismo incidió en varias medidas sobre vivienda, como la ampliación de quinientas a mil viviendas en suelo cedido por los ayuntamientos o un novedoso plan para las zonas industrializadas para la construcción de 250 viviendas que puedan alquilar a las empresas para facilitar el asentamiento de mano de obra.

En la parte final de su intervención, se refirió al reto demográfico y a la nueva ley de sostenibilidad demográfica y desarrollo del medio rural en la que se trabaja, una de las apuestas del Gobierno de PP-Vox. Pero como resumen aseguró que hay datos “ya esperanzadores” de aumento de la población. “Vienen más personas a Castilla y León de las que se van”, remarcó.

Al respecto, ofreció algunos datos como que el saldo migratorio es positivo desde 2018 con 52.000 habitantes más o que la estadística Continua de la Población a 1 de abril de 2024 arroje 13.000 personas más en la Comunidad, así como el aumento en un siete por ciento los nacimientos en lo que va de año.

Por último, informó de que antes de terminar este año estará listo el anteproyecto de ley de Función Pública que introducirá como novedad un permiso preparto retribuido a las empleadas públicas desde la 37 semana hasta el parto para apoyar a las mujeres de las administraciones públicas.