El maltrato animal se sitúa a la cabeza de los delitos denunciados por el Seprona con una mayor colaboración ciudadana

El maltrato animal se situó el pasado año a la cabeza de los delitos denunciados por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) en Castilla y León. Así, de las 211 infracciones penales vinculadas al medio ambiente, que se saldaron con 202 detenidos, 47 fueron por maltrato o abandono de animales.

La mayoría de los casos estuvieron relacionados con malas prácticas en explotaciones ganaderas, incluidos los casos de abandono de caballos. Después se encuentran los relacionados con mascotas, en especial los perros, y los que se producen en espectáculos taurinos populares.

El capitán coordinador del Seprona en Castilla y León, Juan Carlos Espinosa, destaca que la principal razón del incremento de la actividad sancionadora en estos casos de maltrato animal, tanto en el caso de delitos como en infracciones administrativa, se debe a la colaboración ciudadana y la mayor sensibilización. “Afortunadamente, cada vez hay en la sociedad una mayor conciencia medioambiental, algo que en nuestro caso se traduce en una mayor colaboración ciudadana y en un incremento de los avisos que recibimos de asociaciones y particulares alertándonos de posibles infracciones y delitos”, afirma el capitán Espinosa.

Además, el responsable del Seprona en la Comunidad también resalta que detrás de este incremento de la colaboración ciudadana está la posibilidad de denunciar o realizar sugerencias vía telemática en la oficina virtual de atención que el Instituto Armado tiene a disposición de los ciudadanos en su página web, “aunque es verdad que muchos de los avisos, sugerencias o denuncias que nos llega vía internet son falsas alarmas y no tienen base para tramitar ningún tipo de sanción”.

Hasta la reforma penal que entró en vigor en el año 2004, el Derecho Penal se ha mantenido prácticamente al margen de la protección de los animales, pero con la última reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado mes de junio, se establece penas de cárcel de entre tres meses hasta un año y un día, y en el caso de la muerte del animal de hasta 18 meses. Las penas se agravan en el caso de que en el maltrato se utilizaran armas, en los casos de ensañamiento, cuando se cause la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal o cuando los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

Balance

A lo largo del pasado año las actuaciones de las diferentes unidades de la Guardia Civil, pero en especial del Seprona supusieron la tramitación de más de 18.000 infracciones administrativas contra el medio ambiente. En este balance destacan las sanciones por incumplir la normativa sobre residuos y vertidos con 4.784 actuaciones, las infracciones en materia de sanidad animal (2.428), las relativas a animales de compañía (2.395) y las actuaciones sobre la normativa de caza (2.136).

También se tramitaron 1.603 infracciones administrativas sobre la normativa de montes, 729 sobre alimentos, 797 sobre aguas, 598 sobre animales peligrosos, 518 en materia de pesca y 511 en materia de sanidad y medio ambiente.

En cuanto a las infracciones penales, además de las 47 por maltrato animal, también se registraron 37 por incendios forestales, 28 por defraudación de fluido electrónico, once relacionadas con la protección de la flora y la fauna, doce delitos de caza, once contra los recursos naturales y el medio ambiente y diez contra el patrimonio histórico.

Campañas

Por otra parte, Espinosa destacó que el pasado año el Seprona intensificó el control sobre los perros con dos campañas informativas. Una estuvo dirigida a los propietarios de las razas consideradas como peligrosas, en que se insistió que para tener un can de este tipo se necesita una autorización administrativa, y varios requisitos como superar un test psicotécnico o un certificado de penales, además de contratar un seguro de responsabilidad civil.

Además, también se puso el acento en la obligatoriedad de que todos los perros, a partir de los tres meses, deben estar vacunados y contar con un chip identificativo, elemento indispensable en el caso depurar responsabilidades en el caso de accidentes de tráfico, según resaltó Espinosa