El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad, que comenzará a regir el 1 de enero de 2025. Esta decisión se ha tomado debido a la falta de aprobación de los nuevos presupuestos para ese año.
Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, comunicó en una rueda de prensa que los presupuestos de 2024, que fueron aprobados de manera tardía en abril, seguirán en vigor a partir de esa fecha. Esta es la primera vez que se prorrogan los presupuestos utilizando un techo de gasto establecido para los nuevos presupuestos, gracias a la abstención del Grupo Socialista en las Cortes, lo que se considera un factor que aporta “estabilidad y certidumbre” a las decisiones de los actores económicos y sociales.
A pesar de esta prórroga, que es la quinta en los últimos seis años, Carriedo subrayó que el Gobierno no renuncia a entablar negociaciones con los diferentes grupos políticos para llegar a un acuerdo que permita registrar los presupuestos de 2025 en las Cortes.
La prórroga garantiza la continuidad de la administración autonómica, asegurando el funcionamiento de los servicios públicos y la calidad en áreas como sanidad, educación y servicios sociales. El decreto establece también los créditos que se prorrogan y aquellos que no, condicionando su uso al cumplimiento del objetivo de déficit público establecido para 2025, que se fijó en el 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que equivale a unos 70 millones de euros en un PIB aproximado de 70.000 millones.
Fernández Carriedo defendió que, aunque existe un presupuesto vigente y un anteproyecto para 2025 presentado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco en octubre, se prevé un crecimiento del 3,58% en un contexto de inflación moderada, lo que permite afrontar un escenario de “estabilidad y confianza”.