Nada tiene de malo que los eurodiputados busquen una zona de confort económico para disfrutar de sus últimos años. Es humano y hasta recomendable. A pesar de que cobran 8.020 euros brutos, es decir 1.505 euros más que Rajoy, 2.200 euros más que un ministro y 5.200 euros más que un diputado «raso», nada de objetable tiene que quieran garantizarse una vejez desahogada. Y eso que casi todos los parlamentarios en Bruselas lo han sido antes de las Cortes españolas, lo que les garantiza una pensión máxima de la Seguridad Social con tal de que hayan ostentado un escaño durante al menos siete años. Oportunidades ha habido para acabar con ese privilegio y nunca se halló consenso suficiente. La caridad bien entendida siempre comienza por uno mismo.
Es de sentido común que los parlamentarios estén bien pagados en atención a su alta responsabilidad. No es de recibo la demagógica y constante demanda de algunos gurús antisistema, catalizadores del descontento social, de que los servidores públicos tengan salarios paupérrimos desincentivando así que a la política lleguen los mejores y más cotizados profesionales. Aclarado esto, resta distinguir las generales de la ley de la pillería con la que se manejaban, a la chita callando, 39 eurodiputados españoles, entre los que se cuentan Miguel Arias Cañete (PP), Elena Valenciano (PSOE) y hasta ayer Willy Meyer (IU) que, por haber formado parte de la Cámara europea en alguna de las legislaturas comprendidas entre 1994 y 2009, formaban parte de una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable), que gestionaba su fondo de pensiones en Luxemburgo.
Para los menos avisados, las SICAV tienen en su ADN su baja tributación. Es decir, siguen el magisterio popular según el cual: el que venga detrás, que arree. Impropio de un ciudadano cualquiera. Inasumible en un servidor público. Si no llega a ser porque el periodista alemán Tillack investigó este fondo, ni palabra hubiéramos sabido. ¿Legal? Sí; ¿Decente? No. Que los representantes ciudadanos eligieran un sistema engordado con dinero público (a cada euro del diputado se sumaban dos de los fondos europeos) obteniendo rentabilidades superiores al 9% no parece merecedor del premio a la ética y a la transparencia por la que tantos claman con la boca pequeña. Podrá argumentarse que Luxemburgo no es un paraíso fiscal, incluso que los particulares tampoco sabemos quién maneja nuestros ahorros. Pero la ejemplaridad tiene estas cargas.
Bienvenida sea la renuncia de Meyer siempre que no olvidemos que solo la formalizó cuando fue descubierto el pastel. Queda por saber qué opina Elena Valenciano: Tan devota ella – con toda razón– de acabar con los paraísos fiscales y las tributaciones opacas. Por no hablar de su manifiesta oposición a los fondos de pensiones privados, ámbito que ella reserva para las peores vergüenzas de la derecha, empeñada en acabar con el sistema público. Y luego está el PP.
Mayte Alcaraz en ABC
