Los vecinos de Compostilla y ‘Aire Limpio’ exigen al Ayuntamiento que acate la sentencia sobre la red de calor

Ante “las declaraciones interesadas” por parte del consejero de Fomento Suárez-Quiñones, en relación con la sentencia del Juzgado Contencioso de León, por la que se declara ilegal la licencia concedida por el Ayuntamiento de Ponferrada a la central de calor de Compostilla, y se ordena el cese de la actividad, la ong Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla solicitan al Ayuntamiento la anulación de oficio de la licencia de primera ocupación concedida el 8 de marzo “por ser contraria a Derecho”.

Asimismo, señalan que la central de calor de Compostilla fue “una cacicada del Partido Popular, promovida desde Valladolid por el consejero Suárez-Quiñones con la complicidad de la alcaldesa Gloria Fernández y su junta de gobierno. El proyecto se tramitó deprisa y corriendo, a escondidas, sin transparencia, ocultando el expediente a los demás concejales, al pleno de la corporación, a los vecinos del barrio afectados directamente y a toda la ciudad. De aquella forma de gobernar, estos lodos”.

En su opinión, “la idea era descabellada desde el inicio: construir una térmica de biomasa para suministrar energía a edificios públicos obsoletos, sin aislamiento. Es decir: tirar la calefacción y la energía por las rendijas y las ventanas; derrochar dinero público, empezando la casa energética por el tejado, en definitiva, quemar, sin importarles el impacto directo en la salud de los vecinos y vecinas afectadas”.

“Con aquellas prisas y ocultación, se escogió un solar municipal (SUD 11), calificado en el Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada como “suelo urbanizable delimitado”, incompatible con la instalación de una industria. Esa parcela solo podía ser usada para equipamiento urbano, en concreto el Plan Parcial Parque de la Juventud y el Museo de los Niños Planetario, aprobado por el Pleno el 30 de octubre de 2009, y que sigue sin cumplirse. Exigimos su inmediata ejecución y desarrollo”, añaden.

“Conocida la ilegalidad evidente, los vecinos se indignaron y algunos de los actuales miembros del equipo de gobierno, incluido el alcalde, compartieron aquella indignación y protesta. El consejero de Fomento y la entonces alcaldesa se negaron a escuchar, lo que hizo inevitable acudir a los Tribunales”, apostillan.

Por otra lado, sostienen que “la sentencia de 18 de junio de 2020 es clara, contundente y bien fundamentada. El Ayuntamiento de Ponferrada debe acatar la sentencia y cumplirla en todos sus términos, restituyendo la legalidad y devolviendo a los vecinos una parcela pública para equipamiento ciudadano. Recurrir la sentencia por parte de la actual corporación, sería blanquear la ilegalidad, la falta de transparencia y la prepotencia con que se han comportado en este asunto el señor Suárez-Quiñones y la ex-alcaldesa Gloria Merayo”.

Ambas organizaciones consideran además que junto a la ilegalidad urbanística, “hay indicios de un presunto delito penal, por el que estudiaremos la posible presentación de las acciones judiciales que correspondan”. “No somos nosotros ―vecinos o ecologistas― quienes causamos perjuicio a la ciudad, sino la torpeza de unos gestores prepotentes. Ellos son quienes han causado este destrozo urbanístico y económico. Si en vez de tirar 4 millones de euros en una planta ilegal, se hubieran invertido ―como pedimos en 2017 y volvemos a pedir ahora― en sanear y optimizar térmicamente los edificios públicos ―y todo esto sí crea puestos de trabajo―, hoy tendríamos escuelas, institutos, juzgados y otros edificios modernizados, con gran ahorro en la factura de la calefacción o el aire acondicionado”, afirman.

Asimismo, solicitan la dimisión de sus cargos públicos actuales de todos los miembros de la Junta de Gobierno firmantes de la licencia ilegal.