Los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para este año, aprobados hoy por el Consejo de Gobierno, superan por primera vez desde 2011 los 10.000 millones de euros, hasta situarse en los 10.293 millones, un 4,57 por ciento más que los de 2016, prorrogados hasta la aprobación de los nuevos. De ese montante, las consejerías contarán con 8.003 millones, lo que supone 375 millones más de gasto para los nueve departamentos de la Junta.
Así, las cuentas, que se asientan en una estimación de crecimiento económico del 2,5 por ciento, una tasa de paro del 14,1 por ciento y una creación de unos 20.000 nuevos empleos, superan el límite de gasto aprobado en las Cortes el pasado 8 de febrero de 9.159 millones para llegar a los 9.248 millones, lo que significa 338 millones adicionales respecto de 2016, que permitirá incidir en la recuperación económica, apoyo a las empresas, políticas de empleo y mejora de las inversiones sociales.
El aumento de las entregas a cuenta del modelo de financiación en 88 millones sobre lo aprobado en las Cortes, comunicadas oficialmente a finales de marzo, y de las transferencias finalistas del Estado, que según el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, han justificado la prorroga y su aprobación ahora sin contar aun con las estatales, permiten unos presupuestos más expansivos.
Precisamente, en el apartado del gasto, las transferencias de capital, que fueron las “sacrificadas” durante la crisis en favor de los servicios sociales, presentan un crecimiento del 10,21 por ciento en este presupuesto hasta los 1.248 millones de euros. De ese montante, 533 millones, un 14,76 por ciento más, corresponde a las inversiones reales y 715, un 7,05 por ciento mayor, a las subvenciones.
Las tres consejerías sociales -Sanidad, Educación y Familia- mantienen el porcentaje del 80 por ciento del gasto no financiero de las consejerías y el 87 por ciento de los recursos autónomos no financieros. De manera que las tres suman 6.379 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,01 por ciento frente al 4,70 del resto de consejerías.
Recogen los acuerdos
“Los más optimistas podrían decir que son los mejores presupuestos de la postcrisis”, señaló el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la rueda de prensa de presentación de las cuentas, pero afirmó que él prefiere decir que, con los actuales datos, su objetivo es asentar y continuidad a la recuperación económica.
Herrera calificó los presupuestos para este año como innovadores -220 millones a ciencia y tecnología-, realistas en sus previsiones económicas, rigurosos en el cumplimiento del déficit y deuda, expansivos en el gasto social e inversores. A ello unió que suponen una menor presión fiscal para los ciudadanos, que se ahorrarán 281 millones por los 50 beneficios fiscales que aplicará la Junta.
Según el presidente, estas cuentas están comprometidas con los servicios públicos, no sólo por el volumen de gasto de las consejerías de Sanidad, Educación y Familia, sino porque recogen en un anexo 172 millones de euros para el Plan Especial de Inversiones Sociales Prioritarias. Además, aseguró que tienen en cuenta las necesidades del territorio en el apartado de gastos, al incluir el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros (13,8 millones) y el Plan Soria (29,5 millones).
Herrera sostuvo que las 27 medidas recogidas en el pacto con Ciudadanos, que permitirán la aprobación de los presupuestos cuando entren en las Cortes, están recogidas y enumeró, entre otras, los 12 millones para ayudas a libros de texto, los 124 millones de inversiones en Sanidad, los 10 millones para el plan de parados de larga duración o los 2,6 para el plan de enfermedades raras.
Por otro lado, ante la nueva pérdida de población como refleja el último avance del padrón, el presidente defendió que todas las medidas del presupuesto están orientadas en la lucha contra la despoblación, pero insistió en que la mejor política para ganar habitantes es la consolidación económica y la creación de empleo de calidad, junto a la mejora de los servicios públicos.
Igualmente, incidió en la apuesta por el municipalismo y subrayó los 287 millones, de los que 75,6 corresponden a ayudas directas a ayuntamientos y diputaciones y los 212 restantes a la cooperación sectorial. También, reconoció que la fijación de población en el medio rural está ligada al modelo de ordenación territorial que prevé aplicar la Junta.
Ante el retraso de la aprobación de los mapas rurales, que se encuentran en tramitación en las Cortes, advirtió de que los “acuerdos exigen tiempo y se verá si culminan con éxito” y añadió que lo tiene asumido, si bien consideró que a la Comunidad la “vendría bien” su aprobación.