Los ingenieros industriales de León demandan la paralización del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales

ICAL El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León reclamará la paralización del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios que presumiblemente aprobará el Consejo de Ministros en fechas próximas. El colectivos considera que el documento vulnera gravemente la autonomía de funcionamiento de los colegios, incluida la económica, ya que no reciben ningún tipo de subvención pública.

Además, consideran que pone en peligro la seguridad de las personas, favorece el intrusismo profesional y crea graves asimetrías entre profesiones técnicas sin proponer ninguna solución a la nueva realidad de titulaciones emanada del proceso de Bolonia.

Aunque establece la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para determinadas actuaciones profesionales, el Anteproyecto, advierten, “ignora el positivo papel de los colegios para proporcionar a sus colegiados tal aseguramiento en condiciones económicamente accesibles por lagarantía que supone la colegiación para el sector asegurador”.

También apuntan, sobre el ejercicio libre de los profesionales legalmente establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea,que no se puede ignorar que los profesionales españoles (en este caso, ingenieros) legalmente establecidos en España encuentran para el ejercicio en la mayor parte de los Estados de la UE serias dificultades provocadas por los distintos regímenes de reconocimiento puestos en vigor por las organizaciones profesionales de cada país.

“Tal y como está redactado este apartado, se genera una asimetría importante a favor de los profesionales foráneos, que sólo puede tener por consecuencia el aumento de las dificultades de nuestros ingenieros en el exterior y el descrédito de su valoración. Máxime cuando aún no se ha resuelto su equiparación con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF)”, argumentan.

Respecto a los visados, otro de los ‘peros’ que apuntan respecto al documento, explican que se establece que las obligaciones deben estar asociadas a la existencia de una relación causal directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas. Esta clara relación de causalidad, dicen, fue eliminada con la entrada en vigor del Real Decreto 1000/2010 sobre visados, “a pesar de las enérgicas advertencias realizadas por las distintas organizaciones profesionales de las ingenierías”.

Es más, el propio RD 1000/2010 contemplaba en su articulado su revisión, en función de este criterio, a los tres años de su vigencia. Esta revisión, “que debiera haberse producido en octubre de 2013 como límite, no se ha llevado a cabo nunca, aunque ha sido reclamada repetidas veces por nuestras organizaciones”, critican, y añaden que el Anteproyecto ignora esta cuestión, “que está afectando seriamente a la buena práctica profesional y creando espacios de inseguridad para bienes y personas”.