Los hosteleros de Ponferrada protestan contra las terrazas ilegales de los locales “piratas”

EBD “Muchos problemas del sector hostelero de Ponferrada consisten en que mientras algunos pagamos todas las licencias bien, algunos locales “piratas” duplican su espacio con terrazas ilegales y que por tanto, al estar fuera de la legalidad, no pagan nada”, se queja M.P. propietario de varias cafeterías de la capital berciana que encabeza un grupo de hosteleros descontentos con la situación de la regulación de veladores y su cumplimiento en la ciudad.

Se podría decir que las terrazas están en pie de guerra. M.P explica que a pesar de existir muchas reclamaciones en el Ayuntamiento, en “Ponferrada jamás se ha puesto una multa por incumplimiento de la ordenanza. Ningún equipo de gobierno ha metido mano en el asunto y el tema está cada vez más desmadrado”. A partir de lo que los hosteleros denominan ‘Ley Nevenka’, Ponferrada dio un paso más hacia la regulación de las terrazas y en 2012 se aprobó la ordenanza que hoy rige la materia en el municipio y que en su momento persiguió adaptarse a la normativa europea.

El Consistorio actual todavía no ha tenido tiempo de ponerse totalmente al día con este problema porque quedó sin solucionarse en los anteriores mandatos que sentaron una cátedra que ahora será difícil de levantar. Pero los hosteleros anuncian que tomarán medidas y denuncian especialmente la ampliación “desmedida” del espacio del establecimiento en el espacio público urbano en especial cuando se trata de terrazas cerradas con carpa o cuando no se permite el tránsito al viandante. “No es posible que un negocio de 70 metros cuadrados ponga una terraza cerrada de 100 metros fuera y encima no pague la tasa, o que la pagues por 30 metros y la pongas de 60”, defiende otro hostelero. Ambos están de acuerdo e insisten que la competencia desleal, y no la leal, es el problema: “Si yo le robo la leche a los camiones me da totalmente igual poner el precio del café a 50 céntimos”, subraya M.P.

Las terrazas de Ponferrada cuestan a los empresarios entre 600 y 3.000 euros al año dependiendo de las dimensiones de estas y su ubicación. La problemática va en ascenso y algunos hosteleros preparan reclamaciones para que estas sean de una vez atendidas y se abran los expedientes necesarios.