Los criterios de ACOM hacen justicia permitiendo la incorporación de todos los municipios mineros en los Convenios de Transición

El trabajo realizado por la Asociación de Comarcas Mineras de España, conjuntamente con las Comunidades Autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para abordar la delimitación geográfica de los Convenios de Transición justa, ha permitido la ampliación de los criterios iniciales de delimitación territorial y posibilitado la incorporación de municipios con fuerte vinculación histórica a la minería del carbón. Por ejemplo, en el caso de la provincia de León se suman Cabrillanes, San Emiliano, Sabero, Cistierna, Vegaververa, Villagatón, Valderrueda, Valdesamario y Valdepiélago.

Los trabajos previos para la implantación de los Convenios de Transición Justa, iniciados en 2019, han consistido, tal y como recuerda el presidente de la asociación, Mario Rivas, en la definición de una serie de criterios para la zonificación previa de dichos Convenios y en el diagnóstico socioeconómico de las zonas de afectación en que se agruparían los municipios elegibles. A medida que avanzaban los trabajos de zonificación y el diagnóstico socioeconómico de las zonas elegibles, se iban abriendo de forma paralela distintos procesos de participación pública con diversos agentes sociales implicados en los territorios objeto de análisis, con el ánimo de incluir las consideraciones y aportaciones de los mismos.

En este sentido, ACOM España realizó, tal y confiesa Rivas, “un intenso trabajo en equipo” junto con las Comunidades Autónomas de Asturias, Aragón y Castilla y León y el Instituto para la Transición justa, durante esta fase participativa, aportando propuestas tanto para la zonificación como para la realización de los diagnósticos territoriales. En concreto, en lo referente al diagnóstico territorial, desde ACOM España se propuso ampliar los indicadores socioeconómicos de partida empleados para la realización de los diagnósticos territoriales, aportando consideraciones sectoriales para el estudio de las economías locales, y ampliando los agentes involucrados en el proceso con expertos del ámbito académico en análisis del territorio. 

En cuanto a la parte referida a la zonificación y delimitación geográfica de los territorios susceptibles de aplicación de los Convenios de Transición Justa ACOM España, ha aportado desde el punto de vista técnico una revisión y ampliación del mecanismo preliminar de zonificación, que inicialmente dejaba fuera de la aplicación de los Convenios a muchos de los municipios afectados en las últimas décadas por la crisis de la minería y que la asociación consideraba elegibles por su circunstancias territoriales y por su afección económica.

En este sentido, la propuesta de ACOM consideraba ampliar como municipios elegibles y susceptibles de aplicación de los Convenios a todos aquellos municipios con demostrada vinculación histórica a la minería de carbón y la consideración de un horizonte temporal más amplio en los cálculos de los indicadores de empleo afectado que se utilizan como criterio de delimitación de municipios elegibles.

De esta forma ACOM España defendió desde el primer momento, tal y como defiende su presidente, incluir no solo a aquellos municipios en los que el cese de la actividad minera tuvo lugar a 31 de diciembre de 2018, sino también a aquellos municipios que histórica y territorialmente dependieron de la economía monocultivo del carbón y en cuyos territorios, fuertemente castigados por la reconversión y la crisis de la minería, no se ha dejado notar la reactivación económica y social.

Para concluir, el presidente de ACOM insiste en que desde la asociación seguirán “trabajando y cumpliendo con el mandato de la FEMP en orden a la defensa de los intereses de los municipios, representando igualmente con nuestro trabajo y compromiso no sólo a los municipios castigados por el cierre de la actividad minera sino también a todos aquellos municipios afectados por los procesos de cierre de Centrales Térmicas de carbón y Centrales Nucleares”, siempre buscando como objetivo común “el impulso del desarrollo económico alternativo y el freno al despoblamiento, en las zonas afectadas por los procesos de transición energética”.