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Los agricultores, ganaderos y empresarios del sector alimentario de la Comunidad dispondrán de 90 millones de euros en avales para préstamos en condiciones favorables con los que desarrollar sus proyectos. Es el fruto del Acuerdo de Financiación del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada que firmaron este martes en Madrid, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la consejera del ramo de la Junta, Milagros Marcos, y el presidente de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), José Ramón Bujande y que ha llevado “dos años” de trabajo hasta convertirse en realidad.
Milagros Marcos aseguró que los apoyos públicos darán lugar a la concesión de créditos hasta 523 millones de euros que, además, serán compatibles con las subvenciones y ayudas directas que reciban. “No ha sido sencillo, es la primera vez que se hace esto”, señaló Marcos antes de añadir que Castilla y León es la primera Comunidad autónoma que se suma al acuerdo al que, tal y como desveló la ministra, también podrían incorporarse en breve Castilla-La Mancha y Extremadura.
La consejera definió la firma del acuerdo como un día “importante para el campo y la industria agrolimentaria de Castilla y León” porque es la “primera vez que dispone de un mecanismo financiero propio” para que los agricultores, ganaderos y empresarios agroalimentarios, puedan tener “más liquidez” y “complementar las inversiones”. Según dijo está pensado para “relanzar la innovación, la competitividad y la productividad” tanto en el sector primario como en la industria agroalimentaria asociada.
“Las condiciones de los préstamos no solo serán más ventajosas que las del resto de los préstamos sino que están avalados con dinero público”, afirmó ante los medios de comunicación antes de explicar que se trata de créditos a 5, 8 y 10 años de amortización con dos años de carencia. Además destacó el hecho de que estos serán compatibles con las subvenciones que puedan recibir de tal manera que se complementarán. Normalmente dichas subvenciones, explicó Marcos, suponen aproximadamente el 30 por ciento de la financiación de un proyecto de tal manera que a partir de ahora el otro 70 por ciento se podrá obtener a través de este instrumento. “Se dan facilidades”, explicó, “para poder financiar hasta el cien por cien de los proyecto”.
Según añadió la consejera, para este fin se ha dispuesto “que serán 90 millones del Programa de Desarrollo Rural los que se ponen a disposición de este instrumento y que a medida que se vayan haciendo las amortizaciones ese mismo dinero podrá volver a ser objeto de un nuevo préstamo para otro beneficiario”. De esta manera, los cálculos hechos por organismos de la Comisión Europa y del Ministerio de Agricultura indican que al final se pondrán 523 millones de euros a disposición del campo y la industria alimentaria asociada.
Ahora, una vez que se procedió a la firma y que el acuerdo es “una realidad”, la Junta sacará una convocatoria abierta “a finales de año o principios del próximo” para que todos los agricultores, ganaderos y personas de la industria alimentaria que lo deseen puedan solicitarlo para seguir creciendo y modernizar sus explotaciones en un entorno “cada vez más profesionalizado”.
Los criterios se definirán tras hablar con la industria alimentaria y el sector primario para definir los criterios aunque, según dijo, “en principio no hay ningún límite ni de edad de ni cantidad sino que está absolutamente abierto”. Además se va a negociar con las entidades financieras para conseguir unos intereses “lo más bajo posibles”. Si bien es cierto que está abierto a cualquiera, Marcos reconoció que puede favorecer de manera especial a los jóvenes agricultores y ganaderos que son los que tienen mayor dificultad para acceder al crédito.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, destacó también el esfuerzo de dos años de negociaciones para llegar a este acuerdo para poner en marcha un instrumento de financiación “novedoso” que “no existía antes” en sector primario.
Según dijo, están convencidos de que tiene un “enorme potencial” porque una de sus principales características es la “flexibilidad” ya que cada Comunidad Autónoma decidirá “cómo, cuándo y cuánto” dinero ofrecerá a sus agricultores y ganaderos. De esta manera se consigue, explicó, “apoyar inversiones viables” y “facilitar el acceso a fondos para desarrollar proyectos y mejorar así las estructuras productivas”.
