León perderá el 34% de la población en edad escolar entre 2013 y 2037

Zamora será la provincia de España que más población en edad escolar perderá entre 2013 y 2037, en concreto el 44 por ciento de lo menores de 16 años que son alumnos potenciales de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, mientras que caerá en torno a tercio en León (34 por ciento), Palencia (31 por ciento) y Salamanca (30 por ciento). La situación en el resto de territorios de la Comunidad no es mucho mejor ya que el alumnado bajará alrededor de un cuarto en Valladolid (27 por ciento), Burgos (26 por ciento), y Ávila (24 por ciento). Solo estarán por debajo del veinte por ciento las provincias de Segovia (19 por ciento) y Soria (once por ciento). Y es que Castilla y León coloca a cuatro provincias entre las 11 que más población escolar perderán en casi un cuarto de siglo. También, aparecen en esos puestos de cabeza Jaén, Asturias, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Cantabria, Pontevedra, Cádiz y Córdoba.

El estudio de Esade ‘Las escuelas se están quedando sin niños: Una oportunidad para transformar el sistema educativo’, destaca que España ha perdido 450.000 niños menores en los últimos diez años. En 2037, la cifra habrá sobrepasado el millón de niños. Es decir, el país pasará de tener 7,5 a 6,5 millones de estudiantes. Por lo tanto, menos alumnado pero, si se mantiene la inversión pública actual, supondrá que el gasto por alumno crecerá “sustancialmente”.

Ante este panorama, los autores del artículo -Lucas Gortazar y Jorge Galindo- plantean la pregunta de qué ocurrirá si “se mantiene una red escolar más amplia, que llega a más lugares y, por tanto, prima el criterio de cercanía para un mayor número de alumnos; a la vez, que se sostiene la única escuela de muchos municipios, lo que lógicamente es un pulmón de actividad social y económica clave para la supervivencia de muchos pueblos”. Todo ello, a cambio de un “gigantesco” coste y favorecer un sistema “más ineficiente” y “menos equitativo”.

Algo que justifica con datos de otro estudio realizado en el País Vasco en centros educativos del curso 2017-2018, que recogió que los colegios con entre 50 y 100 alumnos (considerados muy pequeños) tenían un gasto público medio de 8.558 euros por alumnos, más del doble del desembolso en escuelas con más de 400 estudiantes, que no llegaba a 4.000 euros.

Es un claro ejemplo de lo que ocurre en Castilla y León, donde hay abiertas una treintena de escuelas en pueblos con menos de cinco niños. Una opción que, precisan, tiene un coste “importante”, que se deja de invertir el “excedente” de recursos, tanto cuantitativa (más tiempo de dedicación por alumno) como cualitativamente (nuevas formas de organización) allí donde hay más alumnos y se sigue invirtiendo en una red escolar “más ineficiente”, con centros muy pequeños. Por último, sentencian que es una estrategia con “fecha de caducidad”. No en vano, aseguran que el proceso de declive demográfico “acaba llegando” y muchas aulas terminan por “vaciarse”.

El estudio diferencia entre la red con “muchas” escuelas pequeñas, donde se dedica mucho espacio y mucho tiempo a una pequeña parte de alumnos y la de los centros en las zonas urbanas, históricamente más grandes, con ratios más elevadas y con menos recursos por alumno. De ahí que los autores apuesten por cambiar el mapa escolar y “reorientar” los recursos de las escuelas vacías a centros con más alumnos. Eso sí, dejan claro que la reestructuración de la red escolar debe pasar por imponer “mecanismos de compensación suficiente” como contar con planes de transporte y comedor gratuitos para el alumnado que tenga que desplazarse desde sus pequeños pueblos.

Eso permitiría, según ellos, reducir la ratio alumno-profesor y el tamaño de las aulas más presionadas; ampliar el tiempo en la escuela, el refuerzo escolar y avanzar en una mayor igualdad de oportunidades; mejorar las condiciones laborales de los docentes; continuar con el despliegue de las etapas de Infantil (de 0 a 3 años) y Formación Profesional y aplicar políticas “más eficaces” contra la segregación escolar. En definitiva, el informe de Esade reitera que el “excedente” de recursos por la caída demográfica es la “gran oportunidad” para mejorar la financiación de las escuelas en la próxima década. Su apuesta es tomar decisiones que tienen “costes” a corto plazo pero “beneficios” importantes a corto y, sobre todo, a medio y largo plazo.

Por último, los autores concluyen que actuar ahora tiene la ventaja de plantear un horizonte de reformas y la posibilidad de pactar las “expectativas” con los actores y generar estabilidad y recursos en el sistema. Por el contrario, dejar pasar el tren obligará a adoptar políticas educativas “más agresivas y drásticas”, a recortes “innecesarios” y a una mala planificación e improvisación que pueden “lastrar” la calidad y equidad del sistema educativo. Lo que está claro, añade el informe, es que las autoridades del Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas se enfrentan a un marco de decisión “complejo” que les va a obligar a reestructurar , “ya sea ahora o más adelante”, el mapa escolar.