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Los Colegios de Abogados de Castilla y León tramitaron en 2015 casi 25.000 solicitudes de justicia gratuita a través del expediente electrónico. La Comunidad se sitúa en el octavo lugar en el conjunto del país en este apartado, según desveló hoy el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado durante las V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita que se celebran en Segovia.
Un total de 621.658 solicitudes se registraron en toda España con este herramienta tecnológica en 2015, lo que supone un descenso de un uno por ciento respecto al año anterior (627.741). En Castilla y León fueron 24.865, una cifra que confirma el avance de la región en la digitalización, ya que en dos años se ha duplicado el número de expedientes tramitados. De los 13.530 de 2013 y los 19.315 de 2014 se pasó a casi 25.000 en 2015.
El expediente electrónico de justicia gratuita “recopila de forma segura y automática los documentos requeridos para justificar la solicitud del derecho a la asistencia jurídica gratuita, aporta transparencia en la gestión, elimina los errores del expediente administrativo y reduce el coste económico y los plazos de tramitación hasta en 40 días”, según destacó hoy el Consejo de la Abogacía de Castilla y León a través de una nota de prensa.
Por provincias, destaca León, que prácticamente duplica en número de tramitaciones electrónicas (6.407) a Valladolid y Burgos, en tercer y cuarto lugar, con 3.570 y 3.193, respectivamente, mientras que el segundo puesto, tras León, es para Salamanca, con 5.060. Les siguen Ávila, con 1.611, Segovia, con 1.547, Palencia con 1.354, Zamora, con 1.154 y en último lugar Soria, con 969. Castilla y León se sitúa por detrás de Andalucía, la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Canarias y Murcia.
Esta herramienta desarrollada por la abogacía española y puesta a disposición de las comisiones de asistencia jurídica gratuita estatales y autonómicas también permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad. Además, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora su gestión, ya que reduce los plazos de obtención de la información, a la vez que incrementa la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los colegios.
Por su parte, las administraciones públicas mejoran y agilizan el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y eliminan los posibles fraudes optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión.
El sistema, que ya conecta a casi 80 colegios de abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, entre otros, ha sido reconocido por diferentes organismos e instituciones.
El Consejo de Europa le concedió en 2014 el premio ‘Balanza de Cristal de la Justicia’, mientras que en 2011 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le otorgó el Premio a la Calidad de la Justicia en la categoría ‘Justicia más accesible’ y el Ministerio de Justicia lo distinguió con una mención honorífica en la categoría ‘Aplicación de las tecnologías de la Información para la mejora de los servicios de Justicia’ en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en la Justicia.