Las Cortes reclaman un pacto de Estado para dotar de estabilidad al mercado energético

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy una proposición no de ley en la que se reclama un pacto de Estado para dotar de estabilidad al mercado energético y en la que también se reclama incentivos al carbón autóctono y que la Junta elabore informes de evaluación sobre sus medidas para combatir la pobreza energética.

En la PNL del Grupo Socialista, defendida por Ana María Muñoz de la Peña, se establecían trece puntos, doce dirigidos al Gobierno central, en los que se solicitaban medidas para garantizar que se prohíba la interrupción del suministro por impago en el caso de los hogares más vulnerables. Además, la procuradora socialista también planteó la necesidad de una línea específica en los próximos presupuestos de la Comunidad para combatir la pobreza energética después de que 30.000 hogares de Castilla y León hayan perdido el bono social y cuando Cáritas atiende a 3.000 familias y la Junta sólo a 400.

Muñoz de la Peña también insistió que la energía ha dejado de ser un derecho social para convertirse en un “artículo de lujo”, lastrando el bienestar de las familias con menos recursos, y recordó que sólo en los trece primeros días el precio de la luz se incrementó un 79 por ciento.

Respecto a los incentivos al carbón autóctono, tanto Muñoz de la Peña como el ‘popular’ Salvador Cruz, reclamaron su necesidad para mantener el empleo en las cuencas de León y Palencia y para abaratar la luz, ya que en un informe del propio Ministerio de Industria se cifra este abaratamiento en un 3,5 por ciento.

Salvador Cruz también resaltó que la Junta fue pionera en el establecimiento de medidas para luchar contra la pobreza energética, argumentó que la inestabilidad del mercado energético en España es “un problema histórico”.

Sarrión, apoyó la PNL socialista, reclamó que la solución pasa por la nacionalización del conjunto del sector energético nacional, dado que “estamos ante un modelo energético que no tiene en cuenta los intereses sociales y sólo atiende a los intereses empresariales”, a la vez que denunció que España tenga el cuarto precio más caro de la electricidad en el conjunto europeo.

Por su parte, desde Ciudadanos también se apoyo la proposición no de ley del PSOE y José Ignacio Delgado puso el acento en la necesidad de mejorar el bono social para llegar a todas las familias en riesgo. A su vez, argumentó la necesidad de un pacto de estado para dar transparencia al sistema de fijación de precios, rechazó cualquier tiempo de impuestos a las energías limpias y criticó la presencia de dirigentes socialistas y populares en los consejos de administración de las grandes empresas energéticas.

Mientras tanto, el procurador de Podemos Ricardo López indicó que la moción socialista es una “copia literal” de muchos puntos de una PNL presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados y que fue aprobada en noviembre del pasado año. Además, también criticó la presencia de ex miembros de gobiernos del PP y del PSOE en los consejos de administración de las compañías energéticas con sueldos “desorbitados”.

Con los votos a favor del PP, de la moción se eliminó el punto que hacía referencia del establecimiento de un IVA reducido para la energía, mientras que Ciudadanos se abstuvo en el punto que recogía los incentivos al carbón autóctono.