Las Cortes piden la bonificación del ‘céntimo verde’ y una auditoría del uso de los fondos Miner

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy una proposición no de ley que insta al Gobierno a aprobar una bonificación fiscal para el carbón autóctono, conocida como ‘céntimo verde’, así como a impulsar ante el Parlamento Europeo el sello de calidad para el mineral nacional. También recoge la defensa ante las instituciones comunitarias de la supervivencia del sector más allá de 2018, de forma que las empresas competitivas no tengan que devolver las ayudas a la producción recibidas desde 2013.

El texto presentado por el procurador de Podemos Ricardo López contó con los votos a favor de los grupos Popular, Ciudadanos y Mixto, mientras el PSOE se opuso. La proposición pedía un plan de desarrollo de las cuencas mineras alternativo al carbón que promoviera una transición hacia un modelo sostenible ambiental y económicamente, así como una auditoría de los 900 millones que los Fondos Miner han dedicado desde hace 20 años a Castilla y León.

En ese sentido, el procurador de Podemos aseguró que los planes del carbón no han servido para sostener la población o generar empleo en las cuencas mineras. Ricardo López aseguró que los grandes beneficiarios de las ayudas a la producción han sido los empresarios y criticó que la Junta haya dejado “por el camino” a las compañías dedicadas a la extracción de mineral. También censuró el uso que el Gobierno autonómico ha hecho con los Fondos Miner, ya que señaló que dedicó el 64 por ciento –280 millones- de los recursos del periodo 2006-2012 a la mejora de carreteras.

El Grupo Popular asumió la proposición de Podemos y añadió seis puntos al texto en el que defendió la aplicación del ‘céntimo verde’, el sello de calidad para el carbón, la continuidad del sector en 2019, el apoyo a la investigación sobre la captura de CO2, el desarrollo de proyectos alternativos y primar a los autónomos y pymes locales en los contratos de recuperación ambiental de las comarcas mineras. El procurador Juan Jesús Blanco sostuvo que no solo se puede plantear “políticas de intenciones”, sino que reclamó ayudas para las zonas mineras ya que recordó que durante más de un siglo han contribuido al desarrollo de otros territorios.

El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel avanzó el apoyo de su grupo a esta iniciativa pero sostuvo que las comarcas mineras deberían haber recibido otros fondos, diferentes a los Miner, para el desarrollo de sus infraestructuras. En su opinión, de esta forma se habría logrado poner en marcha proyectos alternativos al carbón. Además, apostó por la investigación sobre usos diferentes del mineral, como por ejemplo su conversión en hidrocarburo. También defendió la auditoría de los recursos invertidos, como el procurador de IU José Sarrión quien sin embargo reclamó que se reclamaran tasas obligatorias de reposición.

Su enmienda no fue aceptada por Podemos, si bien Sarrión reconoció que el texto coincide con el programa de IU. Por el contrario, el ‘leonesista’ Luis Mariano Santos pidió la votación por separado de los puntos de la proposición ya que consideró que plantear un plan alternativo al carbón de desarrollo supone el “abandono” de la lucha minera. Además, señaló que los Fondos Miner han sido “insuficientes” porque no han generado el efecto buscado, si bien apoyó el texto.

Por el contrario, el procurador socialista Tino Rodríguez rechazó el texto ya que consideró que es una “rendición”, en línea a su juicio con el programa de Podemos, que reiteró plantea el cierre de la centrales térmicas. Insistió en que los proyectos alternativos no pueden reponer los 5.000 empleos perdidos desde 2011, si bien consideró que se deben apoyar actividades complementarias a la minería. “Mina que se cierra, mina que no se abre”, dijo, al tiempo que apoyó la revisión exhaustiva de las inversiones realizadas hasta ahora.