Las Cortes aprueban el plan anual de fiscalizaciones con 29 nuevos informes

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León aprobó la tarde de este lunes el Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas, que incluye 29 nuevos trabajos, con 28 fiscalizaciones de carácter legal y especial, y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones. Recoge, además, las 24 auditorías de planes anteriores cuya finalización se proyecta en el presente ejercicio.

Además de la hoja de ruta del Consejo para el año en curso, su presidente, Mario Amilivia, presentó ante la Comisión el informe de seguimiento de las recomendaciones efectuadas a los entes fiscalizados en 2022.

El Plan de fiscalizaciones para este año –subrayó– profundiza “desde una orientación constructiva en los fundamentos competenciales de la Comunidad”, poniendo de relieve “la importancia que para el futuro de la Comunidad tienen la educación, la adecuada financiación del gasto social, la sociedad digital, el medio ambiente y el papel fundamental de la administración local en la vertebración territorial”. De forma que la actividad del Consejo de Cuentas alcanzará este ejercicio 53 informes en distintas fases de tramitación.

Afirmó que la institución trabaja con “plena normalidad” afrontando la posibilidad de asumir nuevas competencias “que, en todo caso, no deberían generar solapamiento de las competencias propias del Consejo de Cuentas y que deberían ser asumidas con la imprescindible dotación presupuestaria y de personal; es decir, no a coste cero, y ejercidas con la necesaria separación de funciones”.

Con referencia al ámbito local, Amilivia significó que el Plan es como siempre expresión de la “importancia que concedemos al municipalismo en una Comunidad de gran extensión y dispersión poblacional”. Así, destacó la fiscalización de las mancomunidades de municipios, de los consorcios y de otras entidades asociativas de Castilla y León como fórmulas alternativas a la reducción de la planta local.

Precisó que la Comunidad cuenta con 241 mancomunidades, de las que forman parte 2.035 municipios, el 90,5% del total, además de 47 consorcios, 18 adscritos a ayuntamientos, 22 a diputaciones, 2 a entidades locales menores y otros 4 estaban pendientes de adscripción, según los últimos datos censales. El objetivo es verificar si estas fórmulas asociativas de carácter voluntario para la prestación de servicios y desarrollo de actividades constituyen una fórmula acorde con los principios de eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que establece la normativa y representan una opción que deba mantener su vigencia en detrimento de alternativas como reducir la planta local.

En este apartado local, también se iniciarán dos auditorías específicas, una sobre el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y otra referida al Consejo Comarcal del Bierzo, así como la fiscalización de la contratación menor de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que no sean capitales de provincia.

Asimismo, resaltó las actuaciones sobre seguridad informática con el propósito de completar el análisis de los ayuntamientos capitales de provincia con los informes relativos a Soria, Segovia y Zamora. Además, se realizará el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías de ciberseguridad ya efectuadas en 2021 sobre municipios intermedios (Astorga, La Bañeza, Villaquilambre, Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes y Benavente) “para comprobar la mejora de la gestión de las entidades locales y la propia función del Consejo de Cuentas como herramienta facilitadora de cambios positivos”.

Además, se incorporan dos fiscalizaciones por razones de oportunidad, de interés social e impacto en la Administración pública, una que pretende analizar los procesos de estabilización llevados a cabo para paliar las altas tasas de temporalidad en los ayuntamientos y otra, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, que analizará la situación del establecimiento de las zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes, si bien podría ampliarse a otros mayores de 20.000 que superen los valores límite de los contaminantes regulados normativamente.