Las comunidades despobladas piden una reforma de la financiación autonómica “prioritaria y urgente” y con carácter “multilateral”

Castilla y León y otras cinco comunidades autónomas -Aragón, La Rioja, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha- pidieron este lunes al Gobierno que aborde de forma “prioritaria y urgente” la reforma de la financiación autonómica y que tenga también un carácter “multilateral”. Así se puso de manifiesto en la cumbre celebrada hoy en Zaragoza en la que los presidentes de estas seis comunidades suscribieron una declaración institucional conjunta en la que también se abordó la relevancia que tiene la despoblación y el envejecimiento para estos territorios.

Los presidentes autonómicos recordaron que suponen más de la mitad del total nacional, aunque en materia de población albergan apenas al 21 por ciento de la población española, lo que evidencia el problema de despoblación en el que se encuentran inmersas, algo que se ve empeorado con las tasas de envejecimiento que acumulan. Por ese motivo, también reclamaron que no se deje pasar la oportunidad que constituye el reparto de fondos europeos de cohesión social, y pidieron líneas específicas en el reparto de estos fondos para las zonas más afectadas por la despoblación y el envejecimiento.

Una de las principales conclusiones del encuentro y plasmados en el documento final fue la necesidad de definir el nuevo modelo de financiación autonómica “de forma inmediata” para así garantizar la prestación de los servicios fundamentales por parte de las comunidades. Por ello instaron a avanzar en una propuesta de modelo que tenga un consenso “multilateral” en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se tengan en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de las administraciones afectadas.

A juicio de los presidentes de estas seis comunidades, este modelo de financiación autonómica tendría que garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las comunidades; el sistema de régimen común deberá ser el resultado de un consenso “multilateral” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; la corrección de los déficit de financiación; la potenciación del principio de suficiencia, garantizando que las comunidades dispongan de recursos necesarios para hacer frente a los servicios de su competencia; la definición de un sistema de nivelación total; que ninguna Comunidad empeore su posición financiera por culpa de la reforma; y que las necesidades de financiación de las comunidades se fije atendiendo a los determinantes de sus necesidades de gasto reales.

Por otro lado se recogió en el acuerdo que la evaluación de las necesidades reales se llevará a cabo de manera específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales; se tendrá también en cuenta la plena efectividad del principio de lealtad institucional, que impida que decisiones financieras del Estado afecten a la capacidad financiera de las comunidades para hacer frente a la prestación de los servicios. También se aboga por la potenciación de las políticas de desarrollo regional y, en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial; o por que la reforma del sistema de financiación aborde la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de los territorios autonómicos.

Durante sus declaraciones ante los medios de comunicación, los presidentes autonómicos de las seis comunidades reunidas coincidieron en que todas ellas requieren de mejores recursos para poder prestar unos servicios públicos de calidad, en especial teniendo en cuenta la previsión de liquidación de 2017 comunicada hace un par de meses, sin tener en cuenta la incidencia del cambio del sistema de gestión del IVA. Esta circunstancia incide en los recursos disponibles en 2019, dado que la previsión de liquidación del año pasado solo incluye once mensualidades del IVA, cuando debería incluir la totalidad del año.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, aclaró que este documento pretende, por un lado, trasladar la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica “con un consenso multilateral” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero también que se tenga la garantía de prestación de servicios “similares” para lo que reclamó que las necesidades se fijen atendiendo a las necesidades de gasto “reales”, atendiendo a algunos aspectos fijos de carácter demográfico.

Por su parte, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, estimó que el documento es “útil” para el conjunto de los españoles porque “es un buen documento”. Tras las reuniones mantenidas previamente para abordar estos mismos asuntos, el presidente gallego consideró que “no ha cambiado nada” en los últimos meses porque las prioridades de los españoles y sus desafíos siguen siendo los mismos. “No es lo mismo lo que cuesta en un territorio y o en otro”, y recordó que además de financiación se habla también de envejecimiento. “La financiación no se puede dividir entre 17 territorios, sino entre los millones de personas”. Por último, Feijoo consideró la multilateralidad como un aspecto “clave” porque “seria imposible que para un sistema de financiación de una comunidad de vecinos de 47 millones de personas y 17 pisos solo se hable con el primer piso”.

El presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández, explicó que la reunión de este lunes en Zaragoza pretende continuar “con coherencia y seriedad” el trabajo iniciado que mantiene unos planteamientos que ya se pusieron sobre la mesa en diciembre del año pasado y con los que se continuó este mismo año. Aunque reconoció que la financiación autonómica es un aspecto “controvertido” dadas las diferencias “muy grandes” entre comunidades y los nacionalismos interiores, reclamó que esta “descanse en las necesidades de los ciudadanos”.

Reto demográfico

El reto demográfico fue otro de los asuntos prioritarios abordados en el encuentro de este lunes. Entre las seis comunidades reunidas suman un total de 4.463 municipios, es decir, el 55 por ciento del territorio nacional, el 52,8 por ciento de la superficie pero no alcanzan más que el 21 por ciento de la población. Por ello, instaron al Gobierno a que, tal y como se acordó en la Conferencia de Presidentes de enero del año pasado, se presente la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y se debata en el marco de la comisión creada para ello.

Los presidentes autonómicos hicieron un llamamiento para que no se pierda la oportunidad que suponen los fondos de cohesión social para que el reparto tenga en cuenta aspectos como el envejecimiento y la dispersión poblacional, con “líneas específicas” para las zonas más afectadas por estas problemáticas.

En el documento se plasmó la necesidad de una estrategia europea sobre cambio demográfico que coordine los instrumentos y fondos de la UE; que la Política de Cohesión a partir de 2020 esté al servicio de los nuevos retos de la Unión Europea y siga siendo prioritaria en fondos y objetivos. Ademas, se considero en que esta política, su dotación económica y la modulación de sus criterios de cofinanciación no pueden basarse únicamente en el PIB per cápita, sino que tendría que tener en cuenta otros indicadores complementarios como la evolución de la población, la dispersión territorial o el envejecimiento.

Lambán lamentó que después de pensar que se había “ganado la batalla” ante la Unión Europea para que los criterios demográficos determinaran el futuro reparto de los fondos de cohesión, en la última formulación han desaparecido estos criterios. “Es fundamental que Europa incluya a España entre las regiones afectadas por el fenómeno de la despoblación”, dijo.

Dos nuevas comunidades

A la cita de este lunes en Zaragoza se sumaron los presidentes de La Rioja y de Castilla-La Mancha, que hasta el momento no habían participado en estos encuentros. José Ignacio Ceniceros consideró que la financiación autonómica es “el principal problema” que las comunidades tienen encima de la mesa en estos momentos,en especial en comunidades como La Rioja donde la financiación autonómica supone “el 80 por ciento de los ingresos ordinarios” de la Comunidad, para lo que pidió “un impulso político necesario”.

Por parte de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje aclaró además que estas comunidades tienen en común que representan a una parte del territorio donde “están por delante los intereses de cada uno” y que “una cosa son los intereses y otra los egoísmos territoriales” porque “o hay cohesión o no hay nación”. Lamentó que la política en España tenga que ver “con el nivel de decibelios con el que algunos hacen ruido” en una España “plural” en la que también estas comunidades hoy reunidas fueran parte de esa pluralidad. Sobre la despoblación y la dispersión, insistió en que es un problema “real” en España, de ahí la petición de una estrategia española, concluyó.

Política acartonada

El presidente de Aragón recordó que las seis comunidades reunidas hoy en Zaragoza tienen “problemas parecidos” en cuanto a demografía y financiación autonómica, y estimó que suponen “una parte fundamental” de España y del Estado español, al representar un 52 por ciento de la superficie nacional, a pesar de lo que albergan apenas al 21 por ciento de la población.

Además, incidió en que se trata de territorios con “acreditada lealtad constitucional” pero que se están quedando “vacíos” ante el riesgo de desaparición que supone ese hecho. “Una Comunidad que va perdiendo población, es una Comunidad abocada a la desaparición”, declaró. Por ello, entendió que ha habido que recurrir a la “humildad de planteamientos” para contrarrestar la escasez de población de cara a combatir este problema.

Para Núñez Feijoo es “un hecho positivo” que seis presidentes autonómicos estén enviando un mensaje “de optimismo” ante posturas políticas “acartonadas” en un momento en el que los políticos con más capacidad de liderazgo son “aquellos que plantean cuestiones con más fiereza y contundencia”, dijo.

Carácter constructivo

En lo que también coincidieron todos los presidentes autonómicos es en que este tipo de encuentros pretenden aportar un carácter “constructivo” al ser una dinámica que “no va contra nadie, y menos contra los sucesivos gobiernos de la nación”, sino que lo que pretenden es ayudar a “resistir las presiones de otros que, en caso de prosperar, además de quebrantar la cohesión de España, aumentan las brechas entre territorios” y generan “injusticias irreversibles”.

Para Lambán, trabajar de esta manera es “construir España de acuerdo a la Constitución” y colaborar entre las comunidades para “hacer España, hacer país y hacerlo de manera acompasada” buscando el “cumplimiento estricto de la Constitución” y para favorecer el gobierno de España con criterios “de justicia y cohesión”.

Herrera defendió que se trata de una cooperación “en positivo” en la que se pone de manifiesto que atrás ha quedado “cualquier dinámica de enfrentamiento ideológico y de las autonomías con el Gobierno” porque tanto la financiación como la despoblación son “dos cuestiones de interés general”.

“Se plantea en positivo para hablar de actuaciones que son complejas, añadió García Paje, mientras que Javier Fernández incidió en el hecho de que “tres, cuatro o seis comunidades autónomas defiendan criterios comunes no debe ser considerado un ataque contra nadie, contra ninguna otra administración”, finalizó.